Presenta proyecto de ley para derogar norma que impide conocer estudios económicos de las Asociaciones Públicas Privadas (APP)
Una vez más los hechos demuestran que Ollanta Humala estafó a los peruanos en sus ofertas electorales. Esta vez se trata de uno de los asuntos más graves, como es la corrupción: en 2014 promulgó una ley para que los ladrones de grandes empresas sean cubiertos con un manto de oscuridad, impidiendo que la ciudadanía pueda conocer detalles de los contratos de asociaciones público-privadas.
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Por esa razón, la ciudadanía no podía enterarse de los verdaderos latrocinios al Perú plasmados en contratos con cláusulas leoninas.
Para poner fin a este atropello, la Defensoría del Pueblo (DP) presentará un proyecto de ley para derogar la segunda disposición complementaria y final del Decreto Legislativo N.º 1224, por el cual los estudios técnicos de las Asociaciones Públicas Privadas (APP), tienen carácter de confidencial, porque arbitrariamente restringe el acceso a información pública.
Si el Congreso se confabula también con los grandes corruptos, la DP presentará una demanda de inconstitucionalidad, con la finalidad de defender el principio de máxima divulgación que rige sobre toda información en poder de la Administración Pública, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así lo adelantó el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, al informar sobre los alcances de un informe institucional que evaluó los planes de lucha anticorrupción de 16 ministerios.
Explicó que el proyecto de ley busca que la ciudadanía tenga acceso a una información fundamental para conocer la importancia, la rentabilidad y los alcances de los proyectos de trascendencia nacional, como el de Rutas de Lima o del Oleoducto, entre otras.
Recordó que, en amparo de la ley de Transparencia, quien no entrega la información solicitada por cualquier ciudadano, está incurriendo en un delito de abuso de autoridad y ello se sanciona.
Sin duda, todo funcionario que se opone a la transparencia está trabajando en favor de la corrupción. Por ello este gobierno debe modificar su decreto legislativo que burla el derecho de los ciudadanos de acceso a la información, promulgado en el marco de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso de la República.
