Investigados pasan a jurisdicción de la Fiscalía de la Nación. Hay varios extitulares de carteras ministeriales que están pensando acogerse a la colaboración eficaz.
Por carecer de las prerrogativas legales del caso, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta ha derivado el caso del Gasoducto Sur Peruano al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, para que su despacho cumpla con designar al equipo de magistrados que se encargarán de las investigaciones por este caso, que involucra al expresidente Ollanta Humala y al exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga.
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De aquí en adelante, según fuentes del Ministerio Público, Humala y Mayorga ya no responderán por ese caso ante Abia y deberán hacerlo ante los fiscales que el titular del MP deberá cumplir con nombrar cuanto antes, por cuestiones del derecho al antejuicio y una acusación constitucional previa del Congreso, toda vez que el contrato con el consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) se firmó en 2014, señalaron.
La empresa Odebrecht y su consorciada, la española Enagás, fueron las que ganaron la buena pro del megaproyecto a fines de junio de 2014, considerado como el más caro de la historia del país y cuyos costos llegaron al monto de US$ 7,328’657,511, en medio de maniobras extrañas para llevar adelante una obra que no tenía estudio de mercado ni las reservas probadas correspondientes de gas.
El mencionado exministro del gobierno humalista, no obstante ser ingeniero, fue encausado en este tema porque fue socio del bufete de abogados Laub & Quijandría, que había asesorado a la constructora brasileña en una licitación que, finalmente, ganó para hacerse de las obras que son ahora materia de cuestionamiento.
El problema se agrava para Mayorga, según se supo en fuentes judiciales, porque el responsable de la licitación del gasoducto del sur, Edgard Ramírez, en su calidad de titular del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, puesto por Mayorga bajo presuntas directivas de la entonces primera dama Nadine Heredia, también había trabajado en 2008 y 2012 en consultorías para Odebrecht y para la compañía Kuntur Transportadora de Gas, la predecesora de Odebrecht, a través de su consultora Latin Energy Global Services.
Por más que Mayorga y Ramírez hayan dicho que no hay conflicto de intereses, los magistrados no se han comido el gazapo. Por eso es que en agosto de 2015 la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió investigación sobre el gasoducto.
Las pesquisas habrían hecho un resumen de al menos cuatro encuentros de Mayorga con directivos de la empresa brasileña Odebrecht entre marzo y abril de 2014, es decir antes de la firma del contrato.
¿OTRO COLABORADOR?
Con el agravante de que las mismas fuentes señalan que dentro de pocos días saldría un paquete de unas 200 detenciones preliminares en este y otros casos anticorrupción, que podrían ver con el caso de las Interoceánicas del periodo de Alejandro Toledo (2001-2006) y de Alan García Pérez (2006-2011).
El problema es más grave para Toledo, porque ante la magnitud de los hechos, más de un ministro estaría pensando en acogerse a la colaboración eficaz. “Hay incluso uno que habría tomado esa medida”, dijo el informante, sin precisar quién es, por ser ilegal revelar ese tipo de identidades.
Es cuando las miradas se dirigen a las autoridades que posibilitaron el gasoducto, entre quienes están cinco ministros de Estado, que tendrán que probar cómo así, cuando se firma el primer contrato de concesión con Kuntur Trasportadora de Gas, en septiembre de 2008, con Alan García de presidente, el proyecto solo costaba alrededor de 1,350 millones de dólares aportados por esta misma empresa.
Y, después, en el Gobierno de Humala, ya con Kuntur totalmente bajo el control de Odebrecht, ¿cómo es que la obra saltó a US$ 7,328’657,511, con el agravante que este caso era financiado por el Estado, mejor dicho por los contribuyentes a través del pago de las tarifas eléctricas?
Representante de Odebrecht comparecerá hoy en Fiscalía
Mauricio Cruz Lopes, el máximo representante de Odebrecht en Lima que reemplaza en el cargo al ahora colaborador eficaz Jorge Simoes Barata, comparecerá hoy ante el fiscal del caso del Gasoducto Sur Peruano, Reynaldo Abia, para que dicho magistrado obtenga mayores elementos de juicio respecto a quiénes se beneficiaron supuestamente con el pago de sobornos de Odebrecht, ganadora de la licitación junto a otras dos consorciadas más. También confirman que presidente Pablo Kuczynski responderá el jueves 23 por el gasoducto del sur.
ELEVARON SIDERALMENTE EL PRECIO
Al asumir el mando Ollanta Humala, el 28 de julio de 2011, una de sus obsesiones fue el gasoducto. Odebrecht, que se había sumado a OAS en el apoyo al dirigente nacionalista, exigió, se afirma, elevar sideralmente el precio del proyecto, de US$ 1,350 millones a más de US$ 7,328 millones.
Expreso, 14.02.2017
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