Como era de esperarse, el fujimorismo blindó descaradamente a Kenji Fujimori hijo del cabecilla de la mafia, para librarlos de una sanción por manipular a personas de pobreza extrema con dádivas. Como si fuese poco, también limpiaron a Luz Salgado, la fiel sierva del cabecilla.
Pese a la oposición de los congresistas Richard Arce (Nuevo Perú) y Yonhy Lescano (Acción Popular), abusando de su mayoría, los fujomoristas dictaron el archivamiento de las investigaciones de los casos que implican a los congresistas Kenji Fujimori, Luz Salgado y Betty Ananculí.
En dicha comisión se analizó bufonamente la denuncia contra Kenji Fujimori por entregar regalos en dos centros educativos del poblado de Tinta, en el Cusco, práctica reñida con la ética, al punto que está prohibida en campañas electorales, donde se vio derroche de regalos por parte de Kenji Fujimori para manipular conciencias de gente necesitada y con escasa educación, al mismo estilo del fujimontesinismo de los años 90.
Conocidos por sus gritas contra otros casos, esta vez parlamentarios fujimoristas como Úrsula Letona, Juan Carlos Gonzales, Milagros Takayama y Segundo Tapia, se sometieron al dictado del cabecilla fujimorista.
Para defender al imputado, Tapia sostuvo que la entrega de las computadoras no se realizó durante la semana de representación y que los fondos utilizados no fueron públicos, cuando lo inmoral no radica en la proveniencia de los fondos, sino en el hecho de realizar regalos a necesitados para fines proselitistas.
“De acuerdo al cronograma, la semana de representación fue del 31 de octubre al 4 de noviembre del 2016, y no el 28 de octubre del 2016 (en que Fujimori entregó los bienes). Además, se trata de bienes privados; es decir no ha habido aprovechamiento de algo que es público”, argumentó Tapia.
Acto seguido, el fujimorismo declaró improcedente abrir investigación a la presidente del Congreso, Luz Salgado, argumentando que no cometió faltas éticas en torno a la compra de computadoras valorizada en 5 millones de soles, pese a que el ministro Jaime Saavedra fue censurado por ellos por la misma razón.
Para cerrar su faena de blindaje, el fujimorismo, en la Comisión de Ética, declaró improcedente la denuncia contra la fujimorista Betty Ananculí, acusada de mentir en su hoja de vida sobre sus estudios secundarios superiores y por presunta falsificación de documentos que acrediten su versión, caso que investiga también la Fiscalía, en cuyo poder obran versiones de profesores del instituto superior Alas Peruanas, donde alega haber estudiado Ananculí, que afirman que jamás la vieron en clase.
