Fiscalía identifica a constructoras peruanas que se repartieron las obras en coordinación con sus pares brasileñas en los gobiernos de Toledo, García y Humala.
Los brasileños tuvieron cómplices peruanos en el sector de la construcción.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro tiene identificado a un grupo de empresas constructoras peruanas (más de una decena) que se organizaron para repartirse las obras públicas en común acuerdo con las empresas brasileñas Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS y Queiroz Galvao que habrían operado en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Las primeras pistas que tiene el citado fiscal son de las operaciones que se realizaron en el gobierno de Humala, por tratarse del más reciente. Las empresas que formarían parte de este “club de la construcción” son, entre otras, Cosapi S.A. Ingeniería y Construcción, Graña y Montero, Obrainsa, JJ Camet Contratistas, Constructora Málaga Hermanos S.A., H&H Contratistas, Aramsa y Neptuno Contratistas Generales.
Según informó ayer el semanario Hildebrandt en sus trece, el fiscal Hamilton Castro tiene conocimiento de información proporcionada por delatores brasileños y documentación oficial, que las citadas empresas peruanas y brasileñas actuaron como un cártel para repartirse las obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2014), aunque saben que esta práctica viene del gobierno de Alejandro Toledo y Alan García.
Estas empresas se dividían las obras de acuerdo al monto y en coordinación con funcionarios del MTC y de Provias Nacional, que se encargaba de las licitaciones públicas y ejecutar los proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial nacional.
Para repartirse las millonarias obras algunas veces se presentaban como consorcios aunque siempre bajo la coordinación de las empresas brasileñas. Documentos obtenidos por el citado fiscal revelan que entre el 2011 y 2014 las empresas brasileñas y peruanas se repartieron 29 obras de construcción por un monto de 6,129`197,095.00 soles.
Un hombre clave en estos negocios fue Carlos García Alcázar (quien sería operador y exasesor del titular del MTC de entonces, Carlos Paredes Rodríguez), quien tuvo un incremento inusual en su patrimonio, llegando a comprarse una lujosa residencia y hasta caballos de carrera.
Las compañías peruanas que lograron ejecutar más obras en la gestión de Ollanta Humala fueron Cosapi S.A. Ingeniería y Construcción (por un monto de 1,061`923.33.00 soles), JJ Camet Contratistas (1,112`358,410.00 soles) y Málaga Hermanos S.A. (733`869,325.00 soles) con tres proyectos cada una.
Ante este cúmulo de información que implica a varias empresas, el fiscal Hamilton Castro ha pedido el apoyo a la Fiscalía de Lavado de Activos. En tanto, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, ha dispuesto la conformación de un equipo especial liderado por Castro, con la colaboración de fiscales de lavado de activos, para escudriñar a las constructoras peruanas que se repartieron las obras en el MTC.
Embargan cuentas
El Ministerio Público informó que el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en el Perú, en seis meses de investigación, ha logrado identificar 2.000 movimientos de salida y entrada de dinero y embargar 60 cuentas bancarias, en el Perú y el extranjero; identificando además a 60 empresas offshore en Andorra, Reino Unido, Suiza y Hong Kong.
Ese equipo especial está conformado por el fiscal superior César Zanabria y los fiscales supraprovinciales Hamilton Castro, Marcial Páucar, Javier López y Sergio Jiménez, así como 10 fiscales adjuntos, 14 peritos financieros y 14 asistentes, más especialistas de la Contraloría.
A ellos se sumarán otros siete fiscales adjuntos y se ampliarán sus facultades, para incluir el delito de lavado de activos y los de corrupción. El Ministerio Público indicó que el Equipo Especial tiene varias líneas de investigación, una de las cuales sería el “Club de la Construcción”.
Durante los últimos meses, este grupo de fiscales también ha logrado que se disponga el allanamiento de más de 50 inmuebles y oficinas, así como la incautación de más de 100 computadoras, 80 celulares y 30 agendas electrónicas con valiosa información.
Además, un promedio de 12 personas están consideradas como aspirantes a colaboradores eficaces en el caso. Los funcionarios que trabajan en el caso trabajan conjuntamente con autoridades del Reino Unido, Andorra, Suiza, Brasil y EE.UU.
Lava Jato
Las investigaciones por este caso tomaron un nuevo impulso en el Perú, cuando la justicia de Brasil inició en 2013 la operación Lava Jato, que permitió descubrir que las principales constructoras de ese país obtuvieron millonarios contratos en el Perú a través del pago de coimas. Cuando la investigación avanzó, se reveló que estas empresas hicieron lo mismo para ganar obras en toda América Latina. A fines de 2016, la constructora brasilera Odebrecht reconoció el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos, para adjudicarse obras públicas entre 2005 y el 2014, que corresponden a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16).
Algo más
Los fiscales vienen investigando intensamente a las empresas que fueron cómplices de las empresas brasileñas que instauraron un sistema de corrupción basados en millonarios sobornos para adjudicarse las obras públicas, tal como lo confirmó el mismo Marcelo Odebrecht, motivo por el que está preso en Brasil.
Diario Uno, 22.07.2017
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