Una modesta familia policial denunció haber sido despojada de su vivienda por el congresista fujimorista Miguel Castro Grández, representante de Amazonas, mediante oscuras maniobras irregulares o delictivas.
El agraviado, Luis Ayala, obtuvo un departamento para pagar en cuotas, el cual fue construido con recursos del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol), en Salamanca, distrito limeño de Ate, informa el programa Panorama en su edición de este domingo 23 de julio.
El Fovipol adjudicó en 1996 las viviendas construidas en Salamanca, una de las cuales benefició al policía Luis Ayala, quien, precisamente por disposición de la Policía debió trabajar fuera de Lima, por lo que realizó un trato con el padre
del congresista, llamado también Miguel Castro Grández, para que se haga cargo de los pagos mensuales del departamento, para lo cual firmaron un contrato privado en el que se señala todas las obligaciones de ambas partes.
Burlando el contrato, el ahora legislador y su familia vivieron 14 años en la vivienda y no pagaron las cuotas mensuales. No contentos con perjudicar así a Ayala, decidieron robar el departamento mediante una ilegal prescripción adquisitiva.
Abordado por Panorama, este parlamentario respondió conteniendo la risa alegando que entonces él era muy joven, pero el entrevistador le recordó que ya habiéndose graduado de abogado, el parlamentario firmó la demanda, con lo cual está probado que participó en el despojo.
Con este presunto latrocinio, Ayala y el Fovipol perdieron el departamento. Extraña que los órganos de control del Poder Judicial no hayan sancionado al juez que admitió y sentenció en favor de los usurpadores, que llegaron al colmo de arrojar a la familia de la vivienda con matones y policías que usaron vehículos oficiales de la Policía Nacional.
La familia policial interpondrá un recurso de nulidad de la sentencia para recuperar el inmueble.
Como se recuerda, otro congresista fujimorista de apellido Grandez estuvo involucrado en denuncias de proxenetismo de niñas.
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