La fiscalía investigará el caso de las irregularidades en la concesión del Aeropuerto Internacional de Chincheros, en Cusco, que involucra a la empresa Kuntur Wasi y funcionarios del actual gobierno, bajo la Ley de crimen organizado.
Según el avance de las indagaciones preliminares, de acuerdo con la disposición N.° 27 del fiscal José Domingo Pérez Gómez, como hipótesis, se evidencia la existencia de una organización estructurada, con alcance internacional, destinada a cometer delitos con el Estado y lavado de activos.
La resolución respectiva fue emitida el 10 de octubre último, y fue notificada el jueves, con carácter de urgente, a los abogados defensores y procuradores.
El fiscal Pérez Gómez sustenta su decisión en una serie de documentos encontrados en el allanamiento de las oficinas de Kuntur Wasi y la empresa Proyecta & Construye, el 17 de marzo del 2017.
Documentos que contradicen la versión de la empresa concesionaria de falta de fondos para comenzar la construcción del nuevo aeropuerto internacional del Cusco, que fue el argumento de la adenda al contrato.
Además, se encontraron documentos que vinculan a los accionistas y funcionarios de Kuntur Wasi con las offshore Liska Investments, Santa Catarina Corporation, Cusco Airport Finance Limited, domiciliadas en Islas Vírgenes y Gran Cayman, y el lejano banco Converse Bank SJSC, con sede en Armenia.
Contrato en la mira
La fiscalía establece que el marco temporal de los hechos bajo investigación tuvo dos tiempos. El primero, en la concesión del contrato, cuando Kuntur Wasi logró descalificar a sus competidores al ofertar US$ 264,758,697 logrando que los funcionarios de Proinversión le adjudicaran la buena pro y en la fase de ejecución.
Un segundo momento, cuando Kuntur Wasi aduce no contar con suficiente financiamiento para ejecutar las obras, consiguiendo que se suscribiera una adenda, a través de la cual el Estado se obligó a darle un adelanto de US$ 40 millones. Hechos que involucran a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ositrán y el Ministerio de Economía y Finanzas.
"Sin embargo, se ha determinado la existencia de documentación (contratos de mutuo) que evidenciarían movimientos económicos inusuales a los antecedentes descritos (falta de fondos)", explica la fiscalía en la disposición mencionada.
En los documentos incautados se evidenció que Kuntur Wasi recibió solo en el año 2016, en calidad de préstamos, la cantidad de US$ 3,800,000 provenientes de Cedicor, Aeropuertos Andinos y Liska Investments Corp. Luego se encontraron contratos por los cuales Kuntur Wasi se obliga a entregar, entre los años 2014 y 2015, US$ 2,294,476.33 a Andino Investments Holding, US$ 8,294,476 de Proyecta & Construye, otros US$ 371,320 a la misma Proyecta & Construye y US$ 500,000 de Aeropuertos Andinos.
Cifras que no guardan relación con los ingresos que señalan sus estados financieros pues el 2014 solo reportó utilidades por US$ 1,800,000 y el 2015 dijo tener pérdidas por US$ 3,269,321.
Además, los documentos incautados revelaron que Proyecta & Construye, que tiene los mismos accionistas y directores, y sería uno de sus financistas, es a la vez su principal proveedor, y la que recibe los mayores pagos de Kuntur Wasi por adelantos y valorización de trabajos de ingeniería.?
En cifras
- US$ 2 millones es el monto de una operación que Kuntur Wasi contrató con el Converse Bank CJSC de Armenia.
- US$ 600 mil le prestó Liska Investments Corp a Kuntur Wasi, en abril del 2016.
- US$ 2,2 millones recibe Kuntur Wasi de Andino Investment.
Los investigados por el caso Chinchero
La investigación por el caso Chincheros tiene como investigados a la viceministra de Transportes, Fiorella Moiinelli Aristondo, el director de concesiones del MTC, Yaco Rosas Romero, los miembros de Ositrán Antonio Balbuena Vela y Alfredo Damert Lira y los funcionarios de Proinversión Carlos Puga Pomareda, Gonzalo Ruiz Díaz y Evelyn Aliaga Vizcarra.
Igualmente, a los representantes de Kuntur Wasi, Antonio Guzmán Barone, Carlos Vargas Loret de Mola, y su gerente general José Balta del Río.
Luego, también fueron incluidos Gianina Beoutis Manrique y Hernán Muñoz Valdivia, asesores legales y financieros del MTC, y a Camilo Carrillo Purin, director general de Proinversión.
La República, 14.10.2017
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