Han desmantelado la Contraloría General de la República con fines non sanctos para instaurar un poder coercitivo con lazos de corrupción, denuncia abogada Beatriz Mejía, y advierte que ve mucha semejanza de los 90 con lo que ocurre ahora. “Quieren colonizar el Perú en nuestras propias narices”, agrega en entrevista con Diario Uno.
Por Luis Revoredo
— Han transcurrido tres meses desde que se cambió al contralor Edgar Alarcón, quien llegó al cargo después de 19 años de carrera en la Contraloría General de la República, ¿qué evaluación tiene usted al respecto, se ha avanzado o se ha retrocedido?
— Yo vengo siguiendo todo el proceso político de nuestro país con mucho celo desde hace más de 35 años, y para mí no es novedad ver cómo se va gestando una dictadura…
— ¿Por qué cree eso?
— Porque tengo una agudeza visual de determinados actos de gobierno que apuntan a establecer un excesivo uso del poder coercitivo del Estado para lograr fines non sanctos.
¿Cómo así?
Por ejemplo, en la época de la dictadura fujimontesinista, contra la cual luchamos tan férreamente la gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando en el país cuando salimos a denunciar los actos de corrupción e incluso pusimos una serie de denuncias en el Poder Judicial y el Ministerio Público que ellos manejaban y controlaban por completo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que asumió la defensa del Perú ante la reunión de la OEA en Toronto, Canadá. Y todo eso sirvió para que caiga esa dictadura.
— Realmente mucha gente no percibía lo que estaba ocurriendo en ese momento ¿no?
— Era sintomático que mucha gente, incluso la clase política, no se diera cuenta de lo que ocurría, y cuando nosotros hacíamos las denuncias aparecíamos como medio raros denunciando cosas de las que quizá no había en ese momento comprobación.
— ¿Por ejemplo?
— Por ejemplo, denunciábamos el control de los medios de información o la persecución a los políticos de oposición. Y cuando se habló de la autotortura del periodista Fabián Salazar. Era a todo el equipo de Canal 2 que estuvo denunciando los actos de corrupción del fujimontesinismoque los empezaron a perseguir. A José Arrieta, también. Porque empiezan a salir los casos de Mariela Barreto, de Luisa Zanatta, a quien recuerdo haber defendido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo hice ad honorem porque fue una lucha cívico-patriótica por el Perú. Y la gente pensaba que estábamos exagerando la nota y era que la población estaba engañada.
— ¿Y por qué pasaba eso?
Porque el Perú tenía una prensa que le decía que todo era bonito y que estábamos en el país de las maravillas; lo mismo está pasando ahora. Después que pasó todo regresé a mi oficina y me ofrecieron 20 cargos y nunca acepté porque no busco los oropeles de este mundo. No tengo el menor interés en fama, fortuna ni nada por el estilo. Tampoco tenía interés en hacer un proyecto político personal, porque cuando cae la dictadura hubiéramos podido elegir el cargo que más nos guste, pero regresé a trabajar a mi estudio.
— Pero ahora usted vuelve a salir, ¿verdad?
— ¿Por qué vuelvo a salir en este momento? Porque siento claramente que lo que está pasando es la gestación de una espantosa dictadura, mucho más perversa que la de los años ’90…
— ¿Usted cree?
— Mucho más perversa que de los años ’90 y por qué razón, porque se ha empezado a gestar con lazos de corrupción desde gobiernos atrás porque la imposición de determinadas políticas públicas, como por ejemplo las esterilizaciones forzadas de la época del fujimontesinismo no se le ocurrieron ni al ministro de salud ni a Fujimori.
— ¿Entonces a quién?
— Fue una imposición del Banco Mundial y el Club de París, que exigían para que el Perú se reinserte en el sistema financiero internacional, del cual Alan García nos dejó totalmente fuera, que ellos cumplieran con determinado tipo de políticas y una de ellas es el caso de las esterilizaciones forzadas por el que están persiguiendo a unos pobres médicos porque a los responsables de esa política no los han involucrado.
— ¿Y por qué?
—En este caso de las esterilizaciones forzadas, en el Primer Juzgado Penal Nacional, soy abogada de un médico y en el dictamen fiscal por el cual la Fiscalía denuncia este delito y saca por completo a los principales responsables diciendo que no se ha podido probar su vinculación con el caso, a pesar que el propio detalle de la denuncia dice que el ministro de Salud iba semana a semana a reportar al Presidente de la República la lista de las mujeres que habían sido esterilizadas.
— ¿Por qué tanto interés del Presidente de la República?
—Porque él a su vez tenía que reportar a quienes le habían ordenado la política pública. Estamos hablando de un caso de corrupción internacional. Estamos hablando de un caso de corrupción económica internacional muy grande que puede obligar a los gobernantes a hacer cosas tan deleznables como esa.
Mejía dice que el gobierno quería beneficiar a Kuntur Wasi y por eso sacaron a Alarcón.
LOBBYSMO DE PPK Y CECILIA BLUME
Contralor era una piedra en el zapato, afirma abogada.
— ¿Qué está pasando con la economía?
— La chilenización de la economía peruana no data de ahora sino de varios gobiernos atrás. Y uno se pregunta cómo luz del sur puede ser de una empresa chilena. Le bajan la palanca a la zona sur de Lima y nuestros soldados no encuentran ni sus calcetines en un caso de emergencia.
—¿Es posible que eso ocurra?
— Realmente eso es posible porque se ha permitido de modo sistemático sin que los peruanos hayamos tenido capacidad de reacción, y todo porque la prensa no lo reporta, no tiene un enfoque analítico de conjunto. Por allí que sacan algunas cosas, como las denuncias del señor Dammert, pero quedan como una voz en el desierto.
— ¿Pero cuál sería el papel de la Contraloría en todo este contexto?
— Por eso, quiero decir que en este momento se está gestando todo un plan de colonización del Perú, y una Contraloría bien conformada, con funcionarios competentes, con gente independiente y honesta es sumamente peligrosa para esos fines, tanto más con un contralor que asuma una actitud de control del gobierno de turno, y que yo recuerde el único que ha hecho eso es Genaro Matute.
Mejía asegura que Alarcón fue presionado por el gobierno.
— ¿Nadie más?
— A parte de él, nadie se ha atrevido a enfrentarse al gobierno de turno para fiscalizar lo que estaba haciendo. Lo intentó hacer el señor Alarcón que es un profesional de carrera con una conducta intachable en la Contraloría y por eso cuando preguntó el presidente Ollanta Humala qué contralor podía hacerse cargo de la contraloría le recomendaron a César Alarcón y esa fue la propuesta de Humala, pero el Congreso es el que lo nombró.
— ¿Pero hubo cuestionamientos?
— Hubo una protesta en el sentido que quienes querían entrar al gobierno dijeron que cómo se había atrevido Humala a nombrarlo si él ya se iba. Y yo creo que Humala intentó hacer, una de las pocas cosas buenas que hizo bien fue dejar a una persona de planta, de la propia contraloría, en el cargo de contralor general. Pero el nombramiento estaba muy bien porque es una persona que no tiene ligazón política y eso que dicen que es fujimorista es falso. No es fujimorista.
— ¿Entonces?
— El que haya tratado de trabajar en coordinación con el Congreso, porque hay un cargo de coordinación en el Congreso que lo tiene siempre un funcionario y allí creo que contrató al excongresista fujimorista Juan Díaz Dios, pero si analizamos bien resulta que era funcional contratar a un fujimorista para coordinar con un Congreso con mayoría fujimorista. Pero al final lo sacaron.
— ¿Pero cuál fue la razón de fondo?
— El no es fujimorista, pero el asunto fue que empezó a investigar una serie de temas, entre ellos el de Chinchero, que es una cosa que se hace de una forma regular porque el contralor general no es quien decide qué tipo de investigaciones hace de por sí y para sí…
— ¿Ah no?
— Las áreas competentes de la Contraloría reciben denuncias de la sociedad civil, de las propias instituciones y reciben diversos requerimientos de investigación. A veces también de congresistas que piden que se investigue determinados temas. Por eso es que la Contraloría tenía en su agenda el tema Chinchero porque había habido denuncias incluso de los medios de comunicación.
— ¿Pero entonces, qué ocurrió?
— Que cuando se entera este gobierno que la Contraloría estaba investigando el caso Chinchero lo que hace es tratar de presionarlo y el jefe del Gabinete que era Fernando Zavala lo cita a Alarcón en presencia de los ministros Vizcarra y Thorne. Lo cierto es que no había ningún fiscal que abra investigación sobre los delitos de abuso de autoridad y cohecho activo en que han incurrido estos señores porque le dicen que si este informe sale bien el presupuesto que él ha pedido está asegurado.
— ¿Eso tipifica el delito de cohecho activo?
— Es la modalidad delictiva de cohecho activo porque incluso están comprometiendo el propio presupuesto del Estado a cambio de que él entierre una investigación de un grave caso de corrupción de Estado. Pero acaso ha habido un solo fiscal que les abra investigación de oficio a los tres exministros, porque ahora los tres están fuera del despacho ministerial y a Vizcarra lo han mandado inconstitucionalmente como embajador en Canadá. Lo cierto es que todo esto demuestra que el Ministerio Público no cumplió con su misión de investigar los delitos que sí se cometieron allí.
— Sí pues, parece que más importante era saber quién grabó lo que conversaron.
— Y encima le echaron la culpa a Alarcón cuando a él le hicieron llegar el audio en un sobre. Él no sabe quién se lo envió, pero imaginamos haya sido gente de Inteligencia que se ha espantado de lo que le estaban haciendo. La Dini graba en todas partes del aparato del Estado y era obvio que iban a grabar esa conversación, pero César Alarcón sería incapaz de haber hecho una cosa así.
— ¿Era muy incómodo el contralor?.
— Bueno, de verdad les resultaba muy incómodo y para sacarlo fabrican denuncias falsas sobre supuestos hechos irregulares en la Contraloría y le inventan dos cosas. El tema de los carros, le sacan la venta de 90 carros. Él tenía hijos en la universidad y era un gerente administrativo, o sea que no tenía impedimento para comprar y vender en promedio seis carros al año. Con vender el primero nomás ya tienes para comprar otro, entonces cuál era el problema, simplemente desacreditarlo.
— ¿Qué otra cosa le sacaron?
— La otra cosa fue el contrato de mutuo disenso con los trabajadores y le dicen que ha hecho eso para agarrarse el dinero. Y con una prensa ignorante en manejo de la administración pública y manejo contable en el aparato del Estado sacan un comprobante de pago por tres millones y que al señor Rojas le pagaron 51 mil soles.
Excontralor Genaro Matute 2001-2008.
“ENSUCIARON SU IMAGEN PARA SACARLO”
Caso es similar al de Matute
— ¿Pero en realidad qué pasó allí?
— Hubo una orden de pago para cancelar a 30 o 40 trabajadores otorgándoles incentivos para no tener después problemas legales con los extrabajadores. Se quería hacer una depuración para optimizar el manejo de recursos humanos. Esa política, inclusive, no la decide Alarcón sino FuadKohury, y el reconoce haber tomado esa decisión. No hay ningún delito porque eso de los incentivos es una política del Estado, pero presentan a Alarcón como corrupto, cuando esas órdenes de pago corresponden a varios procesos de retiro de trabajadores con incentivos, desde 2010 hasta 2016.
— ¿Y las investigaciones penales?
Eso ha generado tres investigaciones penales por los mismos hechos. Una por supuesta evasión tributaria, que no existe; otra por supuesto lavado de activos, que tampoco existe; y tercero por los contratos de mutuo disenso con los trabajadores para que se vayan con sus incentivos a sus casas. Eso me hace ver cómo ha habido algo similar con lo que pasó con el contralor Genaro Matute.
— ¿Por qué relaciona ambos casos?
— Porque en la época de Genaro Matute, cuando él se opone a la firma del contrato con la constructora Odebrecht porque sale un informe en el sentido que no podía contratar con esa empresa porque tenía dos juicios pendientes con el Estado, tema que a mí me consulta también y yo le digo no se puede contratar con Odebrecht.
Cecilia Blume.
— Pero finalmente se contrató, ¿no?
Él habló con el entonces presidente Alejandro Toledo y éste se molestó mucho con él, le dijo cosas muy desagradables y la cosa es que después Matute tuvo que hacer coordinaciones con la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo titular en ese entonces era Pedro Pablo Kuczynski (2005 – 2006), y PPK lo que hace es decirle que no había ningún impedimento al igual que lo hace Cecilia Blume con el argumento de que Odebrecht si podía contratar porque no había sido notificada de los dos procesos judiciales, lo cual no era cierto según se pudo verificar.
— ¿Y qué pasó luego?
— En respuesta a la actitud del contralor Matute no solo que le fabrican la ley 28670 para que ya no intervenga y además para subsanar y avalar lo que ya se habían hecho porque Cecilia Blume dice que el contrato se había firmado en agosto de 2005 y en efecto, pero la Contraloría lo estaba observando porque en ese momento tenía facultad previo, concurrente y posterior, cosa que hizo el contralor Matute en la modificación de la ley nacional de control, creó un sistema de control ya no posterior solamente sino concurrente y previo que es lo que le dio la facultad para hacer eso.
— ¿Cuál es el objetivo de todo eso?
— Es claro que el objetivo es desmantelar la Contraloría.
— ¿Por qué?
— Porque una Contraloría eficiente, honesta e independiente para hacer sus trabajos de control no es funcional para lo que están haciendo, nos están colonizando e inmediatamente van a tener a la Contraloría como una piedra en el zapato en cada cosa irregular que quieran hacer.
— ¿También se le recortaría el presupuesto a la Contraloría?
— De eso no estoy al tanto. No sé si le dieron su presupuesto o no, pero me imagino que ahora con el contralor Nelson Shack, nombrado por ellos mismos como anillo al dedo, y con toda la experiencia que tengo, pienso que a la Contraloría simplemente ya la sometieron y no tenemos sistema de control y no se está fiscalizando todo lo que se debería fiscalizar.
— ¿Tanto así?
— Yo preguntaría, si algún periodista se ha acercado a averiguar qué pasó con el informe Chinchero, si se formularon denuncias penales contra quienes correspondía. Porque el hecho de que la hermana del exjefe del Gabinete Zavala renunciara a KunturWasi no desaparece el delito de colusióna gravada entre el extitular de la PCM y su hermana, pero no solamente ellos porque también involucra a todos los demás actores del gobierno que al final obligaron al entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, a firmar esa adenda.
— ¿Él no tuvo nada que ver?
— Es clarísimo que el único que no se beneficiaba de eso es Vizcarra, pero hubo un concierto de voluntades de las más altas autoridades del Estado en celebrar ese contrato y por eso es que tenían que sacar a Alarcón y destruirle la imagen personal, desprestigiarlo para que no tenga la posibilidad de observar nada, al extremo de originarle acciones penales falsas y no han tenido ningún escrúpulo para sacar a toda la plana mayor, de un alto nivel moral, intelectual y profesional. Los que han hecho eso no creen en Dios.
Diario Uno, 08.11.2017
