Al no saber cómo explicar sus operaciones relacionadas con la banda delincuencial de Odebrecht, ahora el grupo Graña y Montero (G&M) dice que “cedió” 45 millones de soles en dividendos a su socia Odebrecht por concepto de “riesgos adicionales”.
Esa transferencia de dinero se realizó pese a no tener acceso a información relevante sobre los costos de las obras, detalla una investigación encargada a la firma internacional de abogados Simpson, Thatcher y Bartlett por la propia G&M, según reveló la revista Semana Económica, informa La República.
El presidente del directorio de G&M, Augusto Baertl Montori, admitió que el proceso no cumplía los estándares de control adecuados. “Por este informe el Comité de Riesgos tiene el encargo de asegurarse que G&M tenga una participación activa en los consorcios que participe” en el futuro, dijo Baertl.
Los rateros Odebrecht se asociaron con G&M para obtenerjuntos las obras dela Línea 1 del Metro de Lima. Ellos constituyeron el Consorcio Tren Eléctrico de Lima, que ganó la buena pro durante el segundo gobierno de Alan García, gran “benefactor” de los ladrones Odebrecht, por USS$410,2 millones.
Otra de las irregularidades en este proyecto, egistradas en tres informes de la Contraloría General de la República, es la ampliación del plazo de la obra, que liberó el pago de penalidades por 915,325 dólares.
Según la Fiscalía, Odebrecht habría pagado más de S/ 7 millones en coimas para ganar la buena pro de este proyecto. El presidente del comité de licitación de la Línea 1, Edwin Luyo, se encuentra en prisión preventiva por esta investigación.
Simpson, Thatcher y Bartlett detalló que no encontró evidencia de que la empresa peruana participara o supiera del pago de sobornos a funcionarios por parte de su socia Odebrecht, lo cual es materia de investigación por la Fiscalía.
Otros de los grandes proyectos que estuvo en las manos de Odebrecht y G&M fue el gasoducto sur a través del consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), con la española Enagás por la construcción de una red de ductos para transportar gas en el sur del Perú, pero perdieron la concesión a inicios de 2017 tras los problemas económicos y judiciales en los que se vio envuelto Odebrecht por el caso Lava Jato.
