Ante la contundencia de las evidencias mostradas en los últimos días sobre los pagos ilícitos realizados al expresidente Alan García por los ladrones brasileños de Odebrecht, el exmandatario decidió burlar la acción de la justicia al solicitar asilo en la embajada de Uruguay.
Como se sabe, ayer el Poder Judicial ordenó 18 meses de impedimento de salida del país contra García, quien al verse acorralado y con prisión inminente huyó a la residencia de la embajada de Uruguay, donde contó la farsa de una persecución política contra él.
“El expresidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay”, confirmó la Cancillería en un comunicado.
No es la primera vez que García escapa de la justicia ante las acusaciones de corrupción, pues tras su primer mandato huyó a Colombia y España, donde esperó que los delitos por los cuales le acusaban prescribiesen, para despúes, con su partido carente de vergüenza, presentarse nuevamente a la presidencia de la República.
Sabiendo la fama internacional de corrupción que rodea a García, especialmente en Sudamérica, ¿cómo es posible que un país lo ayude a fugar?
