Fuad Khoury, un contralor a la medida de García
“Caballazo” fue la palabra en boca de la oposición para resumir el descaro del nombramiento del nuevo contralor, Fuad Khoury, con lo cual el Presidente de la República una vez más se burla de sus promesas, pues había dado su palabra de que permitiría a la oposición proponer al nuevo contralor.
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“Caballazo” fue la palabra en boca de la oposición para resumir el descaro del nombramiento del nuevo contralor, Fuad Khoury, con lo cual el Presidente de la República una vez más se burla de sus promesas, pues había dado su palabra de que permitiría a la oposición proponer al nuevo contralor.
Alan García, quien huyó del país y de la investigación por enriquecimiento ilícito tras culminar su desastroso gobierno de 1985-1990, se refugió en París en un departamento que adquirió por un millón y medio de dólares, sin contar las casas de playa que adquirió y la fuerte cantidad mensual que demandó el mantenimiento de su numerosa familia en una de las ciudades más caras de Europa, desde donde envió a sus hijas a estudiar a las universidades más caras de Estados Unidos.
Caída la dictadura, en lugar de someterse a la investigación truncada, García se escondió en la prescripción, figura legal diseñada para proteger a los funcionarios gubernamentales rateros. Un poco de decencia debería haber obligado a García a renunciar a la sórdida prescripción para ser investigado, con mayor razón si postulaba al máximo cargo, la Presidencia de la República. Pero ningún aprista fue capaz de demandarle que renuncie a la prescripción y ningún aprista se preocupa por aprobar el proyecto de imprescriptibilidad por los delitos de prescripción, presentado por el congresista Víctor Mayorga, lo cual podría ser el preludio de otra huída a París o a cualquier otro país, mientras cómodamente esperaría una nueva prescripción tras los cinco años de ley.
Causa preocupación no sólo que no se apruebe el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, sino que el Congreso apro-fujimorista pretende aprobar un proyecto de ley para exceptuar de diversos procesos de control (que finalmente revisaría la Contraloría) a las acciones que corresponden al plan de estímulo frente a la crisis internacional, mediante el cual se incrementa significativamente el gasto público, lo cual es promovido personalmente por García, lo cual nos recuerda su primer gobierno, que buscaba las razones más increíbles e insostenibles para declarar todos los procesos de adquisiciones en emergencia, porque la declaratoria de emergencia implica burlar la supervisión normal de la Contraloría.
Esta elección también es una muestra del contubernio de los apristas y fujimoristas, además de la bancada de Unidad Nacional, que por cierto carga con el estigma de los Mencholas y las Canchayas. Adujeron que García ya revisó los antecedentes de Khoury, como si no hubiese necesidad de ser cuidadosos después de los escándalos de Soraya Suárez y Edmundo Beteta.
Por su parte, el congresista Edgard Reymundo subrayó que Khoury es primo del titular de Perupetro, Daniel Saba, información que omitió información en su currículo, pese a la gran notoriedad que alcanzó el escándalo en el cual Saba está involucrado en la investigación, pues constituye un descomunal conflicto de intereses, dada la gran importancia del caso de los petroaudios que comprometen a Rómulo León y otros en la irregular concesión de lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum.
Caída la dictadura, en lugar de someterse a la investigación truncada, García se escondió en la prescripción, figura legal diseñada para proteger a los funcionarios gubernamentales rateros. Un poco de decencia debería haber obligado a García a renunciar a la sórdida prescripción para ser investigado, con mayor razón si postulaba al máximo cargo, la Presidencia de la República. Pero ningún aprista fue capaz de demandarle que renuncie a la prescripción y ningún aprista se preocupa por aprobar el proyecto de imprescriptibilidad por los delitos de prescripción, presentado por el congresista Víctor Mayorga, lo cual podría ser el preludio de otra huída a París o a cualquier otro país, mientras cómodamente esperaría una nueva prescripción tras los cinco años de ley.
Causa preocupación no sólo que no se apruebe el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, sino que el Congreso apro-fujimorista pretende aprobar un proyecto de ley para exceptuar de diversos procesos de control (que finalmente revisaría la Contraloría) a las acciones que corresponden al plan de estímulo frente a la crisis internacional, mediante el cual se incrementa significativamente el gasto público, lo cual es promovido personalmente por García, lo cual nos recuerda su primer gobierno, que buscaba las razones más increíbles e insostenibles para declarar todos los procesos de adquisiciones en emergencia, porque la declaratoria de emergencia implica burlar la supervisión normal de la Contraloría.
Esta elección también es una muestra del contubernio de los apristas y fujimoristas, además de la bancada de Unidad Nacional, que por cierto carga con el estigma de los Mencholas y las Canchayas. Adujeron que García ya revisó los antecedentes de Khoury, como si no hubiese necesidad de ser cuidadosos después de los escándalos de Soraya Suárez y Edmundo Beteta.
Por su parte, el congresista Edgard Reymundo subrayó que Khoury es primo del titular de Perupetro, Daniel Saba, información que omitió información en su currículo, pese a la gran notoriedad que alcanzó el escándalo en el cual Saba está involucrado en la investigación, pues constituye un descomunal conflicto de intereses, dada la gran importancia del caso de los petroaudios que comprometen a Rómulo León y otros en la irregular concesión de lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum.
