Por unanimidad (103 votos), el Pleno del Congreso, aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 6717, 6832 y 7410, que precisa la identificación, localización, geolocalización y rastreo de terminales móviles para la suspensión de la línea telefónica, el bloqueo del IMEI y la baja del servicio móvil en los casos de utilización o vinculación a llamadas o a envío de mensajes con contenido delictivo.
La representación nacional exoneró la iniciativa de una segunda votación con un resultado de 98 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
¿DE QUE TRATA?
La propuesta modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
En ella indica que, respecto a las autoridades como el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), le corresponde requerir, a solicitud expresa del usuario afectado, cuya circunstancia debe ser acreditada mediante la respectiva denuncia y una constatación policial, el bloqueo del IMEI o la suspensión temporal del servicio público móvil ante la empresa operadora correspondiente.
“Dicho requerimiento se realiza dentro del plazo de doce horas de recibida la solicitud del usuario. Las empresas operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones deben ejecutar lo requerido en el plazo máximo de tres horas de recibido el requerimiento”, se destaca.
Del mismo modo, modifica los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Respecto al artículo 2, esta refiere a la finalidad del citado decreto legislativo, donde se indica que “busca regular el acceso de la unidad especializada de la Policía Nacional del Perú” en los casos de flagrancia delictiva o en investigaciones preliminares por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad, el patrimonio, la administración pública, el lavado de activos y la trata de personas.
Sin embargo, la propuesta agrega que se incluya diversos delitos referidos a la explotación sexual, tales como su implicancia en menores, su promoción o favorecimiento, beneficio, además de los delitos de pornografía infantil, esclavitud y otras formas de explotación, trabajo forzoso, intermediación onerosa de órganos y tejidos, entre otros.
DEBATE
Durante el debate, la congresista Adriana Tudela Delgado (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, dijo que la iniciativa cumple el objetivo de identificar y rastrear las móviles para la suspensión de móviles en los casos que hayan sido utilizados con contenidos delictivos.
Asimismo, legisladora Hilda Portero López (AP), presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, señaló que las personas afectadas se convierten en víctimas de estas llamadas y mensajes amenazantes; por lo tanto, con esta iniciativa se puede dar de baja a la línea.
En tanto, el parlamentario Idelso García Correa (APP), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, indicó que Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Ministerio de Interior darán de baja o bloquear la línea, siempre y cuando la persona haya hecho la denuncia de ser víctima de extorsión.
A su turno, el congresista Alfredo Azorín Loayza (SP), autor de la propuesta, dijo que su iniciativa mejora la capacidad de la Policía Nacional para delitos como la explotación sexual. “Estos delitos atentan contra los derechos humanos de la niñez; es por ello que mi propuesta ayudará a combatir la lucha contra la explotación sexual”, expuso.
Finalmente, el legislador Diego Bazán Calderón (RP) sostuvo que la delincuencia nos está venciendo y el objetivo de mi propuesta pone candados para que el delincuente este atado y no puedan actuar. Su colega Wilson Soto Palacios (AP) propuso que la Policía Nacional sea la encargada de bloquear la línea, siempre y cuando haya verificado dicho delito.
