La lista negra: tapando la incapacidad de Alva Castro
El culto a la muerte en el Apra
En medio de los serios cuestionamientos al ministro del Interior, Luis Alva Castro, luego del impune accionar de grupos narcoterroristas, el Presidente de la República ahora distrae la atención con un producto más de su preelaborado catálogo de contingencia de psicosociales: el anuncio de publicar la lista de procesados por terrorismo que están libres.
¿Existe el servicio de inteligencia?
El culto a la muerte en el ApraEn medio de los serios cuestionamientos al ministro del Interior, Luis Alva Castro, luego del impune accionar de grupos narcoterroristas, el Presidente de la República ahora distrae la atención con un producto más de su preelaborado catálogo de contingencia de psicosociales: el anuncio de publicar la lista de procesados por terrorismo que están libres.
¿Existe el servicio de inteligencia?
¿Para qué mantenemos a una planilla de inteligencia, viendo los resultados mortales recientes? Semana tras otra nuestros policías están cayendo en lugares donde la existencia del narcotráfico armado es archiconocida, sin que se esclarezca además las denuncias de los pedidos de ayuda y refuerzo que no fueron atendidos. Ante estas desgracias, que ponen en creciente riesgo la seguridad nacional, cabe preguntarnos:
¿Qué pasa con las coordinaciones para una efectiva participación de las fuerzas armadas, es decir el sector Defensa? ¿Alva Castro limita, minimiza o desdeña su actuación, conociendo el escaso número de policías con que cuenta el país?
¿Existe tolerancia hacia el narcotráfico, que opera años en total impunidad en el campo y las ciudades, desde el cultivo de la coca, el transporte de químicos, los canales de transporte, comercialización en zonas urbanas y exportación, con pleno conocimiento de las autoridades locales, del gobierno y de la prensa? ¿Hay autoridades investigadas o sancionadas por la permisividad u omisión ante esta actividad? Recordemos que el propio vicepresidente Giampietri admitió que parte importante de la droga se exporta por mar, pero que no vigilan por falta de combustible. ¿Y cómo hay presupuesto para viajes de reciprocidad al exterior que acaban en homenaje al hampón chileno Arturo Prat? ¿Acaso no tienen sentido del honor y la prioridad?
¿Por qué recién piden ampliación del presupuesto para la lucha contra el narcoterrorismo? ¿Acaso no conocían la real dimensión y las correspondientes necesidades?
¿Por qué nunca han sido plenamente esclarecidos los lazos de personajes apristas con el enriquecimiento ilícito o el narcotráfico, como los casos Lambert, Manuel Del Pomar o Mantilla?
¿Dónde está publicada la lista de propiedades, vehículos, dinero y demás patrimonio incautado durante los últimos 20 años a los narcotraficantes? ¿La “zarina” anticorrupción y la Contraloría servirán siquiera para eso?
¿Y dónde está el plan educativo para niños y jóvenes de la ciudad y el campo, orientado a desalentar la colaboración con el terrorismo y la producción de droga o su consumo?
Apra: el culto a la muerte
El espectro de la muerte persigue al accionar aprista desde sus inicios, en 1923, durante su primer gobierno en 1985 —donde las muertes por terrorismo y narcotráfico eran considerables—, y hasta ahora. Se espera una cuota de muerte para ocuparse de algún tema serio, desde las ocurridas en salud, carreteras, hasta seguridad (incendios, etc.), es decir, sólo la muerte en la prensa obliga al gobierno a preocuparse de un tema. ¿Practicarán algún culto satánico donde se espera la ocurrencia de muertes en ofrenda al demonio?... Todas las preguntas son posibles cuando lo que se aprecia son muertes que han sido totalmente evitables.
El psicosocial de García
Regresando a la propuesta de García, de publicar los nombres de los sentenciados por terrorismo —y, teniendo en cuenta el abandono de la seguridad nacional, como hemos visto arriba—, la única conclusión es que se trata de un salvavidas más que lanza a su engreído ministro del Interior, a quien toda clase de incapacidades e impotencias le son permitidas.
Esta propuesta presidencial colisiona brutalmente con la legislación. ¿Tan mal abogado es García que propone semejantes despropósitos anticonstitucionales? ¿Le regalaron el titulo de abogado? Sería distinto que proponga modificar el marco legal para permitir la publicación de una lista, y aun en este caso, sería necesario tener en cuenta la gradualidad, pues con lo que propone inclusive se publicaría los nombres de aquellos que fueron procesados siendo inocentes.
Por otro lado, el terrorismo no es la única amenaza para la sociedad. En teoría, las condenas promueven la reinserción en la sociedad de los reos, pero la sociedad debe protegerse, porque nadie puede asegurar que una persona no reincida en el mismo hecho por el cual fue condenada, no obstante las arrogantes pretensiones de ciertos psicólogos, que creen poder determinar a ciencia cierta si una persona se rehabilitó. Además, ¿quién puede creer en la rehabilitación en la realidad de caos, hacinamiento y corrupción en que están envueltas las cárceles?
Visto lo anterior, habría que tomar en cuenta todos los delitos, pero filtrar y dejar aquellos que puedan ocasionar daño a la sociedad en caso de reincidencia. Entonces, cuando menos debería considerarse al terrorismo, narcotráfico, secuestro, violación, homicidio, estafa, traición a la patria, omisión de manutención de familia, violencia familiar, proxenetismo y rufianismo, esclavitud laboral, tráfico humano, asalto a mano armada, abigeato, adulteración de fármacos y alimentos, y por supuesto, el enriquecimiento ilícito y corrupción cometidos en ejercicio de actividades privadas o públicas, con la consecuente publicación de aquellos que eludieron el accionar de la justicia amparándose en la prescripción.
García dice que la lista es necesaria porque los ciudadanos tienen derecho de saber qué clase de vecinos tienen. Considerándose por lo menos los delitos enunciados arriba, quienes viven en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Lima, estarían advertidos de qué clase de vecino tienen, uno que huyó al exterior para evitar el castigo que reclamaba la sociedad, pero fue a vivir a París para evadir la acción judicial por graves acusaciones de enriquecimiento ilícito, y regresó orondo al Perú cuando amainó la tormenta, prescripción mediante.
¿Qué pasa con las coordinaciones para una efectiva participación de las fuerzas armadas, es decir el sector Defensa? ¿Alva Castro limita, minimiza o desdeña su actuación, conociendo el escaso número de policías con que cuenta el país?
¿Existe tolerancia hacia el narcotráfico, que opera años en total impunidad en el campo y las ciudades, desde el cultivo de la coca, el transporte de químicos, los canales de transporte, comercialización en zonas urbanas y exportación, con pleno conocimiento de las autoridades locales, del gobierno y de la prensa? ¿Hay autoridades investigadas o sancionadas por la permisividad u omisión ante esta actividad? Recordemos que el propio vicepresidente Giampietri admitió que parte importante de la droga se exporta por mar, pero que no vigilan por falta de combustible. ¿Y cómo hay presupuesto para viajes de reciprocidad al exterior que acaban en homenaje al hampón chileno Arturo Prat? ¿Acaso no tienen sentido del honor y la prioridad?
¿Por qué recién piden ampliación del presupuesto para la lucha contra el narcoterrorismo? ¿Acaso no conocían la real dimensión y las correspondientes necesidades?
¿Por qué nunca han sido plenamente esclarecidos los lazos de personajes apristas con el enriquecimiento ilícito o el narcotráfico, como los casos Lambert, Manuel Del Pomar o Mantilla?
¿Dónde está publicada la lista de propiedades, vehículos, dinero y demás patrimonio incautado durante los últimos 20 años a los narcotraficantes? ¿La “zarina” anticorrupción y la Contraloría servirán siquiera para eso?
¿Y dónde está el plan educativo para niños y jóvenes de la ciudad y el campo, orientado a desalentar la colaboración con el terrorismo y la producción de droga o su consumo?
Apra: el culto a la muerte
El espectro de la muerte persigue al accionar aprista desde sus inicios, en 1923, durante su primer gobierno en 1985 —donde las muertes por terrorismo y narcotráfico eran considerables—, y hasta ahora. Se espera una cuota de muerte para ocuparse de algún tema serio, desde las ocurridas en salud, carreteras, hasta seguridad (incendios, etc.), es decir, sólo la muerte en la prensa obliga al gobierno a preocuparse de un tema. ¿Practicarán algún culto satánico donde se espera la ocurrencia de muertes en ofrenda al demonio?... Todas las preguntas son posibles cuando lo que se aprecia son muertes que han sido totalmente evitables.
El psicosocial de García
Regresando a la propuesta de García, de publicar los nombres de los sentenciados por terrorismo —y, teniendo en cuenta el abandono de la seguridad nacional, como hemos visto arriba—, la única conclusión es que se trata de un salvavidas más que lanza a su engreído ministro del Interior, a quien toda clase de incapacidades e impotencias le son permitidas.
Esta propuesta presidencial colisiona brutalmente con la legislación. ¿Tan mal abogado es García que propone semejantes despropósitos anticonstitucionales? ¿Le regalaron el titulo de abogado? Sería distinto que proponga modificar el marco legal para permitir la publicación de una lista, y aun en este caso, sería necesario tener en cuenta la gradualidad, pues con lo que propone inclusive se publicaría los nombres de aquellos que fueron procesados siendo inocentes.
Por otro lado, el terrorismo no es la única amenaza para la sociedad. En teoría, las condenas promueven la reinserción en la sociedad de los reos, pero la sociedad debe protegerse, porque nadie puede asegurar que una persona no reincida en el mismo hecho por el cual fue condenada, no obstante las arrogantes pretensiones de ciertos psicólogos, que creen poder determinar a ciencia cierta si una persona se rehabilitó. Además, ¿quién puede creer en la rehabilitación en la realidad de caos, hacinamiento y corrupción en que están envueltas las cárceles?
Visto lo anterior, habría que tomar en cuenta todos los delitos, pero filtrar y dejar aquellos que puedan ocasionar daño a la sociedad en caso de reincidencia. Entonces, cuando menos debería considerarse al terrorismo, narcotráfico, secuestro, violación, homicidio, estafa, traición a la patria, omisión de manutención de familia, violencia familiar, proxenetismo y rufianismo, esclavitud laboral, tráfico humano, asalto a mano armada, abigeato, adulteración de fármacos y alimentos, y por supuesto, el enriquecimiento ilícito y corrupción cometidos en ejercicio de actividades privadas o públicas, con la consecuente publicación de aquellos que eludieron el accionar de la justicia amparándose en la prescripción.
García dice que la lista es necesaria porque los ciudadanos tienen derecho de saber qué clase de vecinos tienen. Considerándose por lo menos los delitos enunciados arriba, quienes viven en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Lima, estarían advertidos de qué clase de vecino tienen, uno que huyó al exterior para evitar el castigo que reclamaba la sociedad, pero fue a vivir a París para evadir la acción judicial por graves acusaciones de enriquecimiento ilícito, y regresó orondo al Perú cuando amainó la tormenta, prescripción mediante.
