Aníbal Torres, el más experimentado abogado en derecho electoral del Perú y expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, alertó que existen pruebas suficientes para anular los resultados en segunda vuelta de los Estados Unidos y Argentina.
Manifestó públicamente su preocupación por la actuación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026, debido a la publicación de la Resolución Jefatural N.° 000090-2026-JN-ONPE el 29 de mayo, que vulneró el principio de intangibilidad normativa previsto en la Ley Orgánica de Elecciones, porque la resolución fue emitida mientras el proceso electoral se encontraba en marcha.
“Durante años se intentó cerrar este debate diciendo que no existían pruebas. En la primera vuelta se hablaba de fraude sin pruebas. En la segunda hay pruebas. Existe una resolución oficial emitida en plena elección y el país tiene derecho a conocer sus consecuencias”, subrayó Torres.
Explicó que la norma permitió modificar el mecanismo de traslado de actas de votación en el exterior, autorizando el envío físico de estos documentos en valijas diplomáticas, sin que los votos fueran digitalizados ni escaneados previamente en consulados de Estados Unidos y Argentina.
Denunció que el material electoral fue remitido a Lima sin contabilizar los votos ni garantizar una cadena de custodia adecuada, lo que causa presunción de alteración de resultados.
“Sobre el fraude en la Segunda Vuelta Presidencial no existe solamente indicios, sino pruebas contundentes”, sentenció y agregó que el tiempo transcurrido entre la emisión de los votos y su posterior procesamiento refuerza la duda sobre la integridad del proceso.
Torres exigió una explicación pública sobre la emisión de la resolución y sus efectos. “El problema ya no es lo que cada uno crea. El problema es que existe una resolución, existe una fecha y existe una ley. Y esas tres cosas merecen una explicación pública que hasta hoy no se ha producido”, enfatizó.
Ante sus señalamientos, la Cancillería negó que sus funcionarios consulares hayan incurrido en manipulación, interferencia o alteración del material electoral enviado desde el extranjero, pese a las denuncias de ciudadanos peruanos en el exterior.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora conducido por Carlos Pareja, aseguró que su rol durante las elecciones se limitó a la organización y el apoyo logístico, en coordinación con la ONPE. Dijo que el proceso se realizó con la participación de ciudadanos como miembros de mesa y la presencia de personeros acreditados, además de la fiscalización de autoridades electorales y observadores internacionales.
“La calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponde a la Cancillería”, indicó la Cancillería en un comunicado, indicando que el procesamiento del material electoral corresponde exclusivamente a la ONPE, conforme a la normativa vigente.
La ONPE, dirigida interinamente por Bernardo Pachas Serrano tras la reciente renuncia de Piero Crovetto, también defendió la legalidad de su actuación, subrayando que la decisión de trasladar las actas físicas a Lima respondió a una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores y que el procedimiento no contravino la Ley Orgánica de Elecciones. Pachas defiende lo que hizo porque él publicó la resolución.
Sorprendente, es decir, que basta que cualquier ministerio solicite algún cambio a la ONPE para que emita una norma para violar la intangibilidad normativa que debe existir durante un proceso electoral, cuando la ONPE debería actuar de forma independiente sin alterar el proceso incluso si cualquier ministerio solicita algo que implique el cambio de normativas, porque para eso es un organismo independiente.
La ONPE aduce que el aplicativo digital para el escaneo de actas no se aplicó de forma general, debido a dificultades técnicas reportadas por los consulados en la primera vuelta, motivo por el cual la segunda vuelta se realizó bajo el sistema tradicional, excusa que no es creíble porque pese a las dificultades se cumplió con el trabajo.
La ONPE aseguró que el traslado del material electoral siguió una cadena de custodia rigurosa y que todos los documentos llegaron intactos a la sede central en los plazos establecidos. Aduce también que desde 2016 coordina con la Cancillería la organización del voto en el exterior y que los lineamientos aprobados buscan garantizar la transparencia y la ejecución adecuada de los comicios.
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Fujimorismo acostumbrado al fraude y la impunidad