El fujimorismo abrió las puertas en el Perú al vicio de la ludopatía y muchas personas caen en las garras de casinos y tragamonedas que en otros países no se permiten. Por eso algunos dueños de estos negocios recurren a financiar a partidos políticos para asegurar la continuidad de sus retorcidos negocios, como es el caso del fujimorismo, partido que mutó como un virus con diversos nombres e integrantes y ahora es Fuerza Popular, que además les redujo los impuestos.
Una nueva información señala que dos de los 17 financistas de las más de 300 apelaciones que presentó el partido Fuerza Popular ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para entorpecer y postergar la proclamación del virtual presidente Pedro Castillo (porque saben que no pueden demostrar fraude) son Rubén Awa Matsukawa, representante de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar, (Sonaja) e Iván Katekaru Gushiken, empresario del sector.
OjoPúblico indica que ellos pagaron 39 tasas que sumaban más de S/ 25.000 (cada una está S/ 660), lo cual significa el 12,6% de los más de S/ 200.000 que fueron aportes para Fuerza Popular, lo cual según la normativa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tendrá que declararse como aportes de campaña.
El representante de Sonaja, quien también es tesorero de esta entidad desde 1998, se desempeña además como apoderado de Inversiones Kyodo, cuyo nombre comercial es Emporium. Él pagó por de 23 recursos legales con S/ 15,180.
El dueño de la cadena Mythic, perteneciente al sector tragamonedas y juegos de azar, posee cuatro locales en diferentes partes de Lima y también una sala de juegos en Tarapoto llamada Bambú. Este financió 16 tasas, por las cuales pagó S/ 10,560.
El portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene los comprobantes de pago de las 39 tasas, en donde se puede comprobar el número del documento de identidad de los empresarios mencionados, que están impresos en el boucher.
El fujimorismo ha regalado a casas de juego más de S/ 400 millones
Desde la gestión del expresidente Alberto Fujimori, el sector de juegos de azar tiene un vínculo estrecho con el fujimorismo, pues este lo favoreció con el pago del impuesto general a las ventas (IGV), con medidas que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, han evitado la recaudación de S/ 400 millones al año desde el 2017.
En el 2018, el excongresista Miguel Torres y Fuerza Popular intentaron derogar el impuesto selectivo al consumo para los juegos de azar promovido por el Gobierno, a través de un proyecto de ley que al final no fue aprobado.
La acusación fiscal contra Keiko Fujimori por el caso Lava Jato señala que el dictamen impulsado por Fuerza Popular intentó “favorecer a grupos de poder empresarial vinculados a la organización criminal”, pues en el 2016 Torres integró el estudio Torres y Torres Lara, que defiende a clientes del sector de tragamonedas.
Así pues tenemos un partido calificado de organización criminal por la Fiscalía, que por un lado habla de la familia y los jóvenes pero por otro lado no duda en lanzarlos a la ludopatía.
Los juegos de azar, excepto loterías, que son un ramo distinto, con reglas claras y para fines benéficos, son prohibidos por diversos países, incluyendo estados de los Estados Unidos, donde la ciudadanía los rechaza por arrastrar a la ludopatía y por atraer a gente de mal vivir como delincuentes que juegan con dinero mal habido, proxenetas y prostitutas.
El “rey de los casinos” entregó precoima a Kieko Fujimori
Un caso que se encuentra en investigación fiscal señala que el “rey de los casinos” entregó precoimas a Keiko Fujimori, es decir, dinero para campaña electoral, como se sabe que después se cobrará en favores o prebendas, como es el estilo fujimorista, como se puede leer en: El “rey de los casinos” entregó precoima a Keiko Fujimori, que ella ocultó a la ONPE
