Con la finalidad de reforzar la lucha contra el delito de extorsión, el Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el dictamen que propone incorporar artículo a la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú.
La iniciativa legislativa, que se sustenta en el Proyecto 9034/2024-CR, obtuvo 104 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones. Fue exonerada de segunda votación.
LA NORMA
En su artículo único, el dictamen aprobado incorpora el artículo 3-B a la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú.
El mencionado artículo subtitula “Solicitud de congelamiento administrativo de cuentas bancarias”, y faculta a la Unidad Especial o Grupo Especial, así como a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú, “requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) el congelamiento administrativo inmediato de las cuentas del sistema financiero de titulares presuntamente vinculados al delito de extorsión”.
“Para tal fin, la Policía Nacional del Perú debe acompañar su requerimiento con pruebas que sustenten el congelamiento administrativo de las referidas cuentas” se detalla.
Además, en su única Disposición Complementaria Modificatoria incorpora el artículo 37-B en el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654.
El artículo 37-B subtitula “Interceptación de comunicaciones ilegales”, donde se faculta a la Policía Nacional del Perú, en ejercicio de sus acciones de inteligencia, interceptar las comunicaciones ilegales que provengan de los establecimientos penitenciarios con la finalidad de prevenir, investigar y perseguir el delito.
BENEFICIOS
De acuerdo con la sustentación efectuada por la titular de la Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo alternativo y Lucha contra las Drogas, Adriana Tudela Gutiérrez (AvP), los “beneficios de la aprobación de esta propuesta normativa son significativos”
“Toda vez, continuó, que tiene por finalidad que las cuentas bancarias vinculadas con el delito de extorsión sean congeladas o bloqueadas al representar un medio que permite su materialización”, explicó.
Con ello, según expuso, se evitará, “que esa cuenta sea utilizada para la comisión de más ilícitos penales de la misma naturaleza o materias conexas”.
Durante el debate, el congresista Jaime Quito Sarmiento (BS) sostuvo que -con esta medida- se está vulnerando el derecho constitucional al secreto bancario y, por ello, “hay que tener cuidado con lo que se plantea, pues la propuesta contiene ciertos vacíos”.
