El Colegio de Abogados de Lima (CAL) exigió la salida inmediata de Eduardo Arana de la presidencia del Consejo de Ministros y de Juan José Santiváñez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debido a los audios que se difundieron y que supuestamente muestran a ambos coordinando favores para un peligroso delincuente encarcelado.
La Junta Directiva del CAL difundió un comnicado advirtiendo sobre dicho escándalo conocido por un informe de Panorama este domingo con audios que evidenciarían que Santiváñez, cuando era ministro del Interior habría realizado gestiones con Arana, cuando éste era ministro de Justicia, para beneficiar a Miguel Marcelo Salirrosas, alias “el Diablo”, sentenciado por integrar la feroz organización criminal “los Pulpos”, a quien Santiváñez defendía antes de ser nombrado ministro.
“Estos hechos son indicios de extrema gravedad que independientemente de las acciones que adopte la Fiscalía y el Poder Judicial, en respeto del debido proceso y la presunción de inocencia, comprometen no solo la legitimidad del Ministerio de Justicia, sino también la del propio Gobierno, debilitando la confianza ciudadana en el sistema democrático y en las instituciones que deben garantizar el Estado de derecho”, indica el comunicado.
El CAL cuestiona con preocupación que tanto el Ejecutivo como el Legislativo estén defendiendo a los implicados, a pesar de que Santiváñez se niega a colaborar en los procedimientos destinados a verificar su identidad vocal.
“Hemos observado con preocupación que desde el Ejecutivo y el Congreso de la República, asumiendo una defensa oficiosa de los involucrados, se viene argumentando la necesidad de realizar pericias antes de adoptar una decisión. Sin embargo, es el propio Santiváñez quien se niega a participar en dichas diligencias. Esta actitud resulta irónica e indiferente frente a la gravedad de los hechos denunciados por la prensa”, alertan y el CAL:
1. Exige la renuncia inmediata e irrevocable del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por carecer de la idoneidad ética y moral indispensable para continuar en sus cargos.
2. Exhorta al Congreso de la República a no blindar estos graves hechos e invocar a los congresistas a proceder según sus funciones de control político a denunciar estas acciones, que no sólo connotan presuntos ilícitos penales, sino que denigran la función y la ética pública.
3. Exhorta al Ministerio Público a llevar a cabo una investigación independiente, objetiva y libre de sesgos contra todos los altos funcionarios que pudieran estar implicados en las denuncias periodísticas difundidas en las últimas dos semanas en torno al caso “el Diablo”, las cualos no sólo alcanzarían a ministros de Estado, sino también a magistrados del Tribunal Constitucional.
4. Exige la investigación inmediata al jefe del INPE, cuya gestión se encontraría directamente comprometida por las presuntas coordinaciones irregulares en materia penitenciaria.
5. Advierte que el Colegio de Abogados de Lima permanecerá vigilante, en defensa de la legalidad, la ética pública y la democracia, frente a cualquier intento de impunidad o encubrimiento.
Finalmente, reafirman que ningún funcionario está por encima de la ley y que la democracia sólo puede sostenerse sobre instituciones probas, transparentes y comprometidas con el bien común.
