La Cámara de Comercio de Lima (CCL) consideró que la presentación por parte del partido de Gobierno, de un proyecto de ley que plantea reformar la Constitución Política vigente para poder convocar a una Asamblea Constituyente, si bien parte del supuesto correcto de que para llegar a ese punto es imprescindible que el Congreso haga una Reforma de la Constitución, abandonando así la ilegal tesis de usar un referéndum directo; no por eso tal iniciativa de ley es legítima.
“Esta iniciativa no augura nada bueno porque agudiza la incertidumbre y, por tanto, la inestabilidad política. Acaba también con la predictibilidad que requiere la ciudadanía para gozar de sus derechos y para hacer inversiones que generen empleo. La estabilidad jurídica que caracterizaba al Perú desde hace más de tres décadas, finalmente, se va diluyendo”, advirtió el presidente del gremio empresarial, Peter Anders.
Recordó que la rebaja de la calificación crediticia del Perú por parte de la agencia calificadora Moody´s, precisamente da cuenta de que su decisión obedece a la inestabilidad política y a la falta de claridad de las políticas públicas en nuestro país; de algún modo, la tesis “refundacional” de la República que blanden los autores del proyecto de ley añade justamente incertidumbre y dudas acerca del futuro de la Nación.
“La agencia fue muy específica en señalar que una Asamblea Constituyente es un riesgo capital si se concretara y su impacto sería muy severo sobre la economía, el marco institucional y el marco legal, generando mucha incertidumbre. Una nueva Constitución ni siquiera figura entre las prioridades de la población, pues, según las últimas encuestas, lo que más preocupa es la falta de empleo y la atención de la salud ante la pandemia de la COVID-19”, subrayó.
Anders manifestó que en este momento el país requiere de manera urgente de medidas que reactiven la economía y promuevan la inversión privada, y también la idoneidad y probidad a la hora de elegir a funcionaros que decidan políticas públicas.
El presidente de la CCL invocó al Gobierno a orientar sus esfuerzos a la reactivación económica y a promover la generación de puestos de trabajo, en un marco de respeto a los derechos de todos los ciudadanos y la promoción de valores democráticos para la igualdad de oportunidades.
