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En el marco de la emergencia causada por la pandemia de COVID-19, el Estado debe establecer el marco legal, de manera temporal y excepcional, del adelanto de jubilación, por única vez, a los 60 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del 2020 de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).
Ese es el planteamiento de la congresista María Céspedes Cárdenas (Frepap), quien sustentó su proyecto de ley, a través del cual propone que los afiliados al SPP podrían solicitar el adelanto de su jubilación de hasta el 95,5 % de sus cuentas individuales de capitalización (CIC) y el bono de reconocimiento, en caso les correspondiera, reservando el 4,5 % para la cobertura de EsSalud.
La legisladora expuso su propuesta ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista, Walter Benavides Gavidia (APP).
Aseveró que los requisitos solicitados por las AFP para acceder a una pensión anticipada son desproporcionales a la situación de pandemia que estamos viviendo.
“Vivimos con restricciones de movilidad, incremento de los precios de la canasta familiar y aumento del desempleo para personas mayores de 60 años. Asimismo, para acceder al 95,5 % de sus fondos acumulados es necesario haber cumplido los 65 años”, señaló.
Céspedes Cárdenas indicó que su iniciativa legislativa está dirigida a las personas que tienen entre 60 y 65 años y que son vulnerables, los que son parte de una población objetiva de 250 mil afiliados activos.
El Proyecto de Ley N.° 5111 será estudiado por la comisión, luego de lo cual elaborará el predictamen respectivo y sometido a la opinión del grupo de trabajo legislativo y, en caso de ser aprobado, pasará al Pleno del Congreso.
Durante la sesión se desarrolló la sustentación de cinco iniciativas de ley, incluida la del titular de la comisión, Benavides Gavidia, quien expuso su propuesta que plantea la modificación del Decreto Legislativo N.° 1264.
Dicho dispositivo establece un régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas, a fin de establecer un nuevo plazo para la regularización y cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias.
Lo propio hizo la congresista Angélica Palomino Saavedra (PM) sobre su propuesta de atención integral de enfermedades oncológicas en personas adultas mayores registradas en el SISFOH.
Se propone garantizar la detección temprana, oportuna y la atención integral de calidad en personas adultas mayores y de escasos recursos económicos. Con ello se busca disminuir de manera significativa la tasa de diagnóstico de cáncer tardío, abandono de tratamiento y morbimortalidad.
Más adelante, la congresista Yessy Nélida Fabián Díaz (AP) expuso su iniciativa, que propone modificar la Ley N.° 31125, Ley que declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud y regula su proceso de reforma.
Aseveró que el objeto es considerar a los profesionales de la salud, cuyas funciones estén asociadas al manejo y atención de infectados con la COVID-19, dentro de las medidas para mejorar los recursos humanos en salud durante el período de emergencia establecido por la ley.
Por su parte, el congresista Daniel Oseda Yucra (Frepap) expuso su proyecto que plantea disponer los depósitos semestrales de la CTS a los trabajadores del Estado, sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, respecto a los períodos comprendidos entre mayo de 2014 y octubre de 2015.
Indicó que el reglamento de la norma vigente dispuso que la medida no es aplicable a períodos que son objeto de la propuesta, y que resulta contradictorio al beneficio de los trabajadores que forman parte del ámbito de aplicación de la norma que restituyó el derecho al depósito semestral de la CTS.
Finalmente, el congresista Isaías Pineda Santos (Frepap) sustentó su iniciativa que propone optimizar la prestación del servicio de educación técnico profesional en institutos superiores.
SE INHIBEN
Finalmente, la comisión decidió inhibirse, en forma unánime, por no ser de competencia presupuestaria en tres propuestas dirigidas a su despacho.
Se trata de la iniciativa legislativa que planteaba incorporar, dentro de los alcances normativos de la Ley 30876, Ley que otorga el reconocimiento de tiempo de servicios, regulariza la transferencia de aportes a la Caja de Pensiones Militar-Policial y otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la Policía Nacional del Perú.
También, se expuso el proyecto que planteaba una Ley que incorpora una quinta disposición complementaria final a la Ley 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú-PetroPerú S. A.
De igual manera, se sustentó el proyecto que declara de necesidad pública e interés nacional la descontaminación y recuperación ambiental de la cuenca del río Llallimayo.
