Medidas para reforzar la seguridad en el país y afianzar la labor de las fuerzas del orden, así como para establecer un control migratorio más férreo, acordó el Consejo de Estado en su sesión de hoy, informó la presidenta de la república, Dina Boluarte, quien señaló que estas disposiciones “afianzarán la fortaleza del Estado”.
Entre las medidas dispuestas, se encuentra, dijo la mandataria, establecer el marco legal constitucional necesario para que a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se les procese únicamente en el fuero militar y policial cuando se trate de casos en los que hayan hecho uso de sus armas reglamentarios al cumplir con su labor.
Asimismo, señaló que se establecerán medidas respecto a la regulación del ingreso y permanencia en el país de personas extranjeras, ampliando los requisitos para ello y estableciendo parámetros para determinadas actividades que estos desarrollan, como el transporte.
En lo que respecta a la seguridad ciudadana, además de las medidas referidas al procesamiento judicial de policías y militares, la mandataria indicó que se fijará un “régimen excepcional” a aplicarse cuando menores de edad sean autores de actos criminales.
De igual manera, mencionó que se aprobó establecer un marco normativo para que los gobiernos regionales y locales usen para la seguridad ciudadana recursos que dichas instancias hayan recaudado directamente.
Asimismo, se autorizará al Ministerio del Interior transferir recursos a los municipios declarados en emergencia por causal de seguridad ciudadana para que estos compren de inmediato material logístico destinado a dicho rubro.
Otra medida acordada por el Consejo de Estado es la de emitir una ley para que los docentes que militen en el ilegal Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se mantengan alejados de los menores de edad. Dicho grupo es vinculado a la organización terrorista Sendero Luminoso.
Con respecto al trabajo de la Policía Nacional, indicó que se comprarán los días de franco (descanso) y las vacaciones de sus agentes, “para mejorar las capacidades operativas” de la institución. También se legislará respecto al pase a situación de retiro por causal de renovación de cuadros excepcional y extraordinario en dicha institución.
En el plano jurídico de la lucha contra el crimen organizado, la presidenta mencionó que se elevarán las penas para quienes corrompan a servidores públicos y a agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
Se establecerán, además, medidas para proteger a los denunciantes, víctimas y testigos de actos de sicariato, extorsión y banda criminal. También se permitirá que la Unidad de Inteligencia Financiera congelar las cuentas bancarias utilizadas por extorsionadores.
Control migratorio
En cuanto a los extranjeros, se ha acordado incrementar las penas para aquellos que, habiendo sido expulsados del Perú, ingresen nuevamente, de manera irregular, al territorio nacional. Asimismo, se ampliarán y fiscalizarán los requisitos formales para el ingreso y permanencia de estas personas.
La presidenta Dina Boluarte dijo también que se regulará la prestación del servicio de transporte que realizan personas extranjeras “estableciendo requisitos y sanciones” al respecto.
Además, se dispondrá que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) haga visitas y operativos a centros de trabajo para cotejar si hay extranjeros laborando irregularmente.
