Dina Boluarte ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de genocidio y lesa humanidad perpetrados reprimiendo las protestas que exigen su renuncia y el adelanto inmediato de elecciones generales.
La denuncia fue presentada por abogados arequipeños y comprende, además de Boluarte, al jefe del gabinete Alberto Otárola, el ministro José Tello (Justicia y Derechos Humanos) y los exministros Pedro Angulo (PCM), César Cervantes y Víctor Rojas (Interior).
En el documento se señala que las autoridades tras declarar estado de emergencia nacional, “vienen ordenando y ejecutando una política sistemática de represión desbordada en contra de la población civil, generando un contexto en el cual se ha producido la muerte de más de medio centenar de personas y miles de heridos”.
“Los manifestantes se han declarado en justo levantamiento —sin armas—, realizando la toma de carreteras, minas, aeropuertos, locales, universidades, etc., exigiendo la renuncia de la presidenta, una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales, entre otros”, dice la denuncia, cita da por La República.
Otros sujetos incluidos en la denuncia son los congresistas Jorge Montoya y Patricia Chirinos, por calificar a los protestantes de “terroristas y criminales”, instigando y convocando la represión por parte de las fuerzas del orden.
No se salva la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por desmantelar el subsistema de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo. “Con la creación y división de las fiscalías señaladas líneas arriba, se reduce la capacidad operativa para investigar las 52 muertes por disparos de armas de fuego, que se han producido durante las protestas ciudadanas.”
Otro denunciado es el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, por las intervenciones a los locales de Nuevo Perú y de la Confederación Campesina, con el fin de intervenir a manifestantes de regiones.
2 comentarios
Más que todo los oficiales de policía, ejército y soldados son los culpable, pero ley dice que asaltar aeropuertos es delito. Cada uno se suicida como quiere.
A la genocida y sus secuaces le han puesto como única salida: Entregar el gobierno a la Ultra-derecha de Keiko. Si renuncia, la meten a la cárcel por genocida.
La Ultra-derecha maneja Poder Judicial y Fiscalía.