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La senadora Mirtha Vásquez, la diputada Indira Huilca y el senador Jaime Quito, presentaron una denuncia constitucional contra el impresentable senador fujimorista Fernando Rospigliosi acusándolo de infringir la Constitución al denunciar y amenazar a jueces que aplicaron el control difuso e inaplicaron normas procrimen deleznables relativas a la prescripción y amnistía para delitos de lesa humanidad.
En el documento argumentan que Rospigliosi, expresidente del Congreso habría presentado hasta siete denuncias disciplinarias contra magistrados entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Entre los denunciados figuran Richard Concepción Carhuancho, Chávez Tamariz y Cano López.
Las infracciones atribuidas podrían ser sancionadas con su suspensión inmediata e inhabilitación para ejercer la función pública por hasta diez años.
Anteriormente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un procedimiento disciplinario con fines de destitución contra el juez Chávez Tamariz por inaplicar la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. El magistrado Richard Concepción Carhuancho fue suspendido por seis meses en junio, tras las acusaciones de Rospigliosi y del congresista Jorge Montoya.
La denuncia señala también que Rospigliosi, en su cuenta X, el 30 de enero, escribió que no bastaba con reformar el sistema judicial, sino que había que barrerlo, aludiendo a la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de no aplicar la ley de prescripción en el proceso por la masacre de Cayara, en Ayacucho. La denuncia invoca el artículo 43 de la Constitución, que establece la separación de poderes, y que Rospigliosi habría vulnerado.
Los legisladores denunciantes también argumentan en el documento que las denuncias disciplinarias de Rospigliosi se sustentan en cuestionamientos a la aplicación del control de convencionalidad sobre las normas de prescripción y amnistía para delitos de lesa humanidad. Los casos a cargo de los magistrados corresponden a violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000.
Asimismo, los denunciantes alegan que dichas denuncias presentadas a la JNJ infringe los artículos 138, 139 y 146 de la Constitución, que protegen la potestad de los jueces para aplicar el control difuso, su independencia y las garantías de la función jurisdiccional. Citan el numeral 2 del artículo 139, que prohíbe a cualquier autoridad interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional o avocarse a causas pendientes. Para los denunciantes, Rospigliosi habría vulnerado esta regla con sus reiteradas acciones contra los fallos judiciales.
La senadora Mirtha Vásquez precisa que el amedrentamiento no se dirige contra cualquier resolución, sino que se concentra selectivamente en decisiones que protegen el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
La denuncia advierte que este patrón de conducta no ha cesado y que no existe ningún elemento objetivo que permita prever su fin espontáneo. Sostiene que, de no mediar una sanción institucional, Rospigliosi mantendrá la presión sobre el Poder Judicial tras cada fallo que no se ajuste a su posición personal.
Vásquez además relaciona la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad impulsada por Rospigliosi con el caso de las esterilizaciones forzadas. Sostiene que la Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos archivó recientemente la nueva investigación sobre estos hechos. En vista de ello, solicita revocar esa decisión y derogar las normas que, a su juicio, favorecen a los responsables de violaciones de derechos humanos.
