El Pleno del Congreso de la República aprobó, con 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, la Moción del Orden del Día N.° 19057, que declara persona non grata a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, en rechazo a sus recientes declaraciones sobre la situación política peruana.
La moción, impulsada por los congresistas Ernesto Bustamante (FP), Alejandro Aguinaga (FP), María del Carmen Alva (FP), Roselli Amuruz (AP), José Cueto (HyD), Gladys Echaíz(HyD), Nelcy Heidinger (APP) y Milagros Jáuregui (RP), fue sustentada en el argumento de que dichas manifestaciones constituyen una “inaceptable injerencia en los asuntos internos del Perú” y un agravio al sistema democrático nacional.
El congresista Ernesto Bustamante, al sustentar la moción, afirmó que el Perú siempre ha mantenido una política exterior basada en el respeto mutuo y el principio de no intervención. “Sin embargo, en los últimos años, primero con el presidente López Obrador y, desde hace un año, con la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos sido testigos de declaraciones y actitudes que traspasan estos límites y constituyen un agravio directo a nuestro país”, expresó.
Bustamante denunció que Sheinbaum “ha dado cobijo a personas procesadas por delitos vinculados al intento de golpe de Estado de diciembre de 2022”, en referencia al asilo concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez. Añadió que “viola su propia Doctrina Estrada al intervenir en procesos internos del Perú” y que sus acciones “ratifican la necesidad de defender la dignidad nacional y reafirmar el respeto entre Estados soberanos”.
La congresista María del Carmen Alva, coautora de la moción, sostuvo que el Congreso defendió la dignidad del país: “Cuando una mandataria extranjera se atreve a calificar al golpista Pedro Castillo como presidente legítimo, no opina: está insultando a la institucionalidad peruana. Y cuando concede asilo a Betssy Chávez, no demuestra solidaridad, sino encubrimiento”.
Desde la bancada de Acción Popular, el vocero Edwin Martínez afirmó que los autores intelectuales del golpe de Estado fueron quienes incitaron el caos social y hoy “piden asilo en un país gobernado por comunistas que fomentan la violencia”.
Adriana Tudela (AP) criticó la posición del gobierno mexicano: “El papelón lo está haciendo el gobierno de México, primero con AMLO y ahora con Sheinbaum, porque defienden a golpistas como Betssy Chávez. Defender al Perú no es un papelón, es hacernos respetar”.
Eduardo Salhuana (APP) coincidió en la necesidad de actuar con firmeza: “Tenemos que demostrar que somos un país digno, libre y soberano, y no aceptar ninguna injerencia extranjera que afecte nuestra independencia”.
Asimismo, Patricia Juárez remarcó que el Parlamento “tiene la obligación de rechazar la intromisión de Sheinbaum”, aunque precisó que las relaciones comerciales y académicas continuarán.
Sin embargo, no todos los parlamentarios compartieron la medida. El legislador Jaime Quito (BS) recordó que el derecho de asilo está consagrado desde 1954 y que no debe considerarse motivo para romper relaciones: “El golpe fue contra la democracia, no del Congreso”.
En la misma línea, Guido Bellido calificó la moción de “desproporcionada e impertinente”: “Si aplicáramos el mismo criterio, también tendríamos que declarar persona non grata a otros mandatarios como el de Brasil o Japón. Aquí hay una ojeriza con los gobiernos de izquierda, y eso está mal”.
El parlamentario Roberto Sánchez (JP-VP-BM) sostuvo que “los tratados internacionales sobre asilo son prerrogativas de los Estados y deben respetarse”.
Finalmente, Alejandro Muñante (RP) recordó que la Convención sobre Asilo Diplomático prohíbe otorgar refugio a personas procesadas por delitos comunes. “La señora Betssy Chávez está procesada por rebelión y conspiración a la rebelión”, enfatizó.
CONTENIDO DE LA MOCIÓN
El texto aprobado destaca que las relaciones diplomáticas deben sustentarse en el respeto mutuo y que las expresiones de Sheinbaum vulneran el principio de igualdad soberana entre naciones. Además, advierte que sus declaraciones, al desconocer la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte y referirse a Pedro Castillo como “presidente legítimo”, constituyen una falta de respeto a la institucionalidad democrática peruana y ponen en riesgo la cooperación bilateral en materia comercial, de seguridad y migración.
Con esta decisión, el Congreso reafirmó la defensa de la soberanía nacional frente a lo que considera una postura hostil del gobierno mexicano, adoptando una posición de firmeza diplomática ante la injerencia extranjera.
