El Poder Judicial ha incluido al partido fujimorista, Fuerza Popular ,en la investigación por lavado de activos relacionada con el caso Alas Peruanas, tras una orden del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional atendiendo la solicitud del Ministerio Público.
Según la Fiscalía, Fuerza Popular habría recibido fondos proporcionados por Joaquín Ramírez, cuyos orígenes se rastrean hasta las irregularidades en la administración de la Universidad Alas Peruanas, liderada por su tío Fidel Ramírez Prado, durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Los fiscales plantean que Fuerza Popular obtuvo entre 2014 y 2015 un total de 54,536.65 soles, y en 2011 210,000 de soles. También se identificaron transferencias a su favor de dos propiedades situadas en avenidas Bucaré en Camacho, La Molina, y Miraflores, Arequipa.
La hipótesis fiscal indica que si Fuerza Popular hubiera llegado al poder, los aportes de Ramírez se habrían retribuido mediante beneficios e intereses personales. En ese supuesto, dicho partido habría repartido prebendas como contratos de obras sobrevaloradas, beneficios tributarios o normas favorables para el funcionamiento de cooperativas y universidades privadas, todo ello en pago de los ilícitos recibidos. Podría decirse que los aportes fueron precoimas, sobornos por adelantado.
La Fiscalía también señala que Fuerza Popular podría haber operado como un mecanismo político o fachada para facilitar el ingreso y ocultamiento de dinero obtenido ilegalmente por Joaquín Ramírez.
La investigación comprende imputaciones contra Keiko Sofía Fujimori, alias “señora K”, y Pier Paolo Figari Mendoza, acusados de ser autores del delito de lavado de activos agravado. Para la Fiscalía, ambos aprovecharon la estructura financiera y operativa del partido, vinculándola con una organización criminal liderada antes por Fidel Ramírez Prado. Bajo esta presunta red, se habrían realizado actos de ocultamiento y manejo de dinero ilícito vinculado con las empresas de Joaquín Ramírez Gamarra.
Los argumentos del Ministerio Público fueron evaluados por la jueza del Cuarto Juzgado, quien declaró fundada la petición fiscal. La defensa de Fuerza Popular alega que la solicitud presentada por el Ministerio Público fue presenada uera del plazo establecido, vencido el 4 de mayo de 2025, pero la Fiscalía aclaró que el requerimiento se entregó el 30 de abril del mismo año, aún dentro del término permitido.
El PJ dio la razón a la Fiscalía confirmando que la presentación fue realizada a tiempo, descartando perjuicios al derecho de defensa. Atribuyó los retrasos procesales a las constantes recusaciones presentadas por los investigados.
Además el juzgado desestimó los intentos de oposición por parte de las empresas Combustibles Granel SRL y Combustibles SAC, propiedad de Joaquín Ramírez al concluier que estas compañías no poseen legitimidad para impugnar la incorporación de Fuerza Popular al proceso, pues no tienen calidad de socios, directivos ni representantes del partido político relevante en el caso.
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