Luis Alberto Salgado*
El fallo emitido por el juez Velásquez Zavaleta que pretende anular, en lo que compromete a Alan García, los ocho informes elaborados por la comisión congresal que preside Sergio Tejada, es prevaricador —contra derecho—, propicia la impunidad y va en contra del derecho de la ciudadanía a conocer la verdad sobre graves hechos de corrupción que han lesionado la economía del Estado y han incidido seriamente en el aumento de la delincuencia y el narcotráfico en el Perú al haber excarcelado ilegalmente a bandas enteras de narcotraficantes.
A. García y sus abogados han tenido pleno acceso a los documentos de la comisión congresal y conocieron cabalmente las imputaciones y posibles delitos que implican los hechos investigados.
Dicho fallo del 27 de marzo 2014 —que dicta 3 nulidades nuevas que jamás fueron solicitadas en la acción de amparo ni aparecen en la sentencia del 19 de setiembre— viola la constitución vigente (separación de poderes) y, so pretexto de defender el debido proceso, pretende imponer al Congreso normas que son estrictamente aplicables en el Poder Judicial, mas no a una comisión investigadora del Parlamento, por lo tanto, el Congreso no puede ni debe merituarlo, debe debatir y aprobar los informes e iniciar el antejuicio al expresidente García Pérez por grave infracción constitucional.
*Secretario General Colegiado del Partido del Pueblo
