El impresentable fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, se inmiscuyó en una audiencia virtual en la que los abogados defensores presentaron sus argumentos sobre el caso de la masacre de más de 30 campesinos en la comunidad de Cayara, Ayacucho, perptrada en 1988 por asesinos del Ejército.
Ante tal acto contrario a la separación de poderes, los magistrados informaron que tomarán una decisión al respecto en el transcurso de este mes.
Rospigliosi había anunciado horas atrás en sus redes sociales que asistiría a la sesión, proclamando que los militares “no pueden ser procesados por hechos ocurridos hace 38 años bajo el argumento erróneo de crimen de lesa humanidad” y criticó duramente a los jueces, calificándolos de tener “pésimos antecedentes” e instó a que, si no cumplen con la ley, “sean denunciados sin demora ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA y en el ámbito penal”.
Este sujeto promovió una ley que busca eximir de responsabilidad a criminales involucrados en graves violaciones de derechos humanos durante la época del terrorismo entre 1980 y 2000, y sugirió que, de incumplirse la norma, “los jueces deberían ser detenidos en flagrancia y enviados inmediatamente a prisión”.
Este individuo asegura que el caso Cayara trata de un enfrentamiento con grupos terroristas ocurrido en 1988, cuando los documentos judiciales y evidencia indican que se trata de un proceso por la masacre de pobladores perpetrada por militares el 14 de mayo de ese año durante una operación denominada “Persecución”, en represalia por un ataque subversivo contra un convoy militar ocurrido un día antes en la zona de Erusco, que dejó cuatro soldados muertos.
Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la aplicación de la norma que podría dar lugar a la prescripción de estos graves delitos. No obstante, los jueces han señalado que emitirán su fallo antes del inicio del receso judicial establecido para febrero. En este periodo, deberán determinar si priorizan el control de convencionalidad, tal como exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o si acatan el criterio establecido por el Tribunal Constitucional.
