Graña y Coimero: cómplices de la corrupción de Odebrecht

JJC Contratistas también participaron de los latrocinios al Estado

Jorge Barata, exgerente de Odebrecht, confirma que Graña y Montero y JJC Contratistas, entre otros, participaron de las operaciones de sobornos a Alejandro Toledo para ganar licitaciones de millonarias obras en el Perú, según documentos fiscales de sus declaraciones referentes a la Interoceánica.

Hildebrandt en sus trece publicó la declaración completa de Barata al fiscal Hamilton Castro, el 24 de enero de 2017 en Brasil, sobre casos Toledo y la entrega de millones a la campaña electoral de Ollanta Humala.

Según ese “cuadernillo especial” de colaboración eficaz (titulado “pago indebido al expresidente Toledo”), Barata asegura que todas las empresas del consorcio del proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3, sabían perfectamente que había pago de los sobornos al exmandatario.

A la pregunta de Castro a Barata: “¿Cuál es el grado de intervención en el acuerdo ilícito y en los pagos realizados a Alejandro Toledo de las demás empresas consorciadas en el proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3?”, la respuesta “El pago [a Toledo] ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondería.

Pese a todo, y sabiendo que nadie les creerá, Graña y Montero difundió desesperada un comunicado negando lo delatado por Barata. “Negamos rotundamente dichas afirmaciones y reiteramos que nuestra empresa o nuestros ejecutivos nunca conocieron, ni menos gestionaron o realizaron pago alguno en relación a algún tipo de soborno o reembolso por pagos de ese tipo, realizados por Odebrecht, tal como ellos han declarado”, indican.

La consecuencia de estas revelaciones, según el exprocurador Christian Salas, son que Graña y Montero no puede contratar con el Estado, debido al decreto anticorrupción del Poder Ejecutivo.

De esta forma discrepó con las declaraciones de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien dijo que Graña y Montero y las empresas que están siendo investigadas por el caso Odebrecht podrían seguir contratando con el Estado hasta que haya una condena definitiva.

“No puede seguir contratando con el Estado. ¡Cuidado que la ley es clara! A mi criterio legal, analizando ese decreto legislativo no puede contratar y la aplicación de ese decreto es inmediata. Habiendo sido Odebrecht condenado ya en el extranjero por corrupción, sus consorciados aquí en el Perú no pueden participar más en licitaciones. Ojo con eso”, declaró, citado por Diario Uno.

Agregó que el Decreto de Urgencia 003-2017 es uno de los puntos positivos de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. “Este es uno de los puntos favorables del gobierno, se ha emitido un último decreto legislativo en el que se establece la prohibición de los consorciados de seguir participando en licitaciones en el Perú, consorciados de personas jurídicas o personas naturales que hayan, en el Perú o en el extranjero, sido condenadas por corrupción”, dijo.

Explicó que el primer artículo de ese Decreto dice “que no pueden contratar las personas jurídicas condenadas, sus representantes legales o directivos condenados o que hayan asumido o aceptado vinculación con los delitos, y a reglón seguido dice tampoco los consorciados”.

Salas explicó que sería totalmente ilógico pensar que los consorciados no conocían la forma de operar de Odebrecht y dijo que la hipótesis de la Fiscalía debería apuntar a considerar que Odebrecht y OAS no actuaron solas.