Los gremios empresariales que integran la Coalición por la Seguridad Ciudadana demandaron seguridad jurídica y garantías ante los anunciados cambios en el marco legal sobre la extinción de dominio. Sobre ello, emitieron el siguiente comunicado:
POR UNA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON GARANTÍAS: SEGURIDAD JURÍDICA SIN RENUNCIAR A LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Desde la Coalición por la Seguridad Ciudadana reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, con especial énfasis en la erradicación de aquellos delitos que debilitan nuestras instituciones, socavan la confianza ciudadana e impactan negativamente en la economía y la inversión privada en nuestro país.
En esa línea consideramos importante fortalecer la actual Ley de Extinción de Dominio para que continúe siendo una herramienta efectiva que permita al Estado recuperar bienes y patrimonios de origen delictivo, sin contravenir la seguridad jurídica, el debido proceso, el respeto a la propiedad privada y otros derechos fundamentales de los millones de emprendedores que son la base para la creación de empleo y desarrollo del Perú.
Es indispensable establecer criterios claros para diferenciar bienes de origen criminal de aquellos adquiridos lícitamente. En ese sentido, resulta necesario que la norma vigente reconozca la presunción de buena fe de los terceros, subsane el error técnico en el uso de los términos “reserva” y “secreto” de la investigación, a fin de asegurar una defensa justa y efectiva; y, garantice el adecuado mantenimiento de los bienes sujetos a medidas cautelares de incautación.
Sin embargo, advertimos con preocupación que el Texto Sustitutorio del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 3577/2022-CR no contempla dichas precisiones y no subsana la problemática advertida por el sector empresarial; por el contrario, podría desnaturalizar el proceso de extinción de dominio al eliminar su carácter autónomo e independiente.
En ese sentido, exhortamos al Congreso de la República a reconsiderar el Texto Sustitutorio aprobado en primera votación e incorporar las precisiones necesarias para mejorar la Ley de Extinción de Dominio con el propósito de garantizar una lucha efectiva contra el crimen organizado, sin generar incertidumbre y perjuicios para quienes actúan legítimamente y contribuyen al desarrollo del país.
