Por: Ideeleradio
Ideeleradio.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debe reexaminar el Caso “El Frontón” para que le recuerde al Estado que no prescriben los delitos contra los derechos humanos y el Congreso investigar las presiones políticas que habría recibido parte del Tribunal Constitucional (TC) que evitó pronunciarse sobre el fondo de un Habeas Corpus que benefició irregularmente el ex marino Teodorico Bernabé, afirmó Juan Carlos Ruiz, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Fue al comentar la resolución del TC en el Expediente N.º 03173-2008-PHC/TC, en el que se desestima la participación del IDL como parte en el recurso de agravio constitucional que se presentó contra la decisión judicial que archiva el proceso seguido contra este ex militar, implicado por la Fiscalía en este caso.
“El TC ha eludido evitar el tema del fondo sobre el tema de la prescriptibilidad y ha recurrido a invocar un tema procesal para pronunciarse. En consecuencia, las cosas siguen como estaban antes. (…) En su momento vamos a pedirle un pronunciamiento a la Corte Interamericana para que se pronuncien, porque en un caso concreto se está desacatando los hechos. El Tribunal Constitucional tiene la función de proteger derechos y tiene jurisprudencia consolidada que debe seguir el pronunciamiento de la Corte”, manifestó en Ideeleradio.
“La Corte no establece responsabilidades individuales, sino del Estado, que debe respetar los derechos ciudadanos y libertades. En este caso el Estado ha faltado a su obligación de protección. La Corte ha dicho que este caso permanece abierto hasta que se cumpla en su totalidad y lo que buscaremos es que en la resolución de seguimiento le recuerde al Estado que tiene la obligación de acatar su sentencia”, agregó.
Comentó que la sentencia del TC “le pasa la pelota” al Poder Judicial y que se exigirá a los magistrados de la Sala correspondiente que apliquen la sentencia de la Corte IDH en los Casos Durand y Ugarte y La Cantuta, que dicen que no pueden utilizarse amnistías o prescripciones para impedir la sanción de casos de derechos humanos.
Denuncia constitucional o comisión investigadora
Estimó, en otro momento, que existen las condiciones para presentar una denuncia constitucional ante el Parlamento contra los miembros del TC o que el Congreso investigue las presiones políticas que habría recibido uno de los integrantes del máximo intérprete de la Carta Magna.
“El encargado de conocer esa denuncia sería el Congreso vía acusación constitucional, en la medida que se ha violado la Constitución, porque el Tribunal Constitucional ha incumplido el artículo 44 de la Carta Magna, que dice que la razón del Estado es proteger derechos. Se abre ese camino”, manifestó.
“La información periodística nos dice que ya había una sentencia y lo que se ha hecho es cambiar la sentencia por presión del partido de gobierno en relación con uno de los magistrados, concretamente contra Ernesto Álvarez. Lo que está en juego es la presión del gobierno y (el TC) claudicó. Una comisión investigadora podría crearse porque el TC es una institución importante y sin independencia e imparcialidad no puede funcionar. Lo que tenemos es que hay evidencia suficiente para sospechar que ha habido una presión fuerte del partido de gobierno. Eso tiene que investigarse y de ser cierto el camino de la acusación se abre”, finalizó.
