La Cámara de Comercio de Lima expresa su seria preocupación frente a la denuncia constitucional presentada por la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín contra el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, mediante la cual se solicita incluso su destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años.
La CCL considera indispensable preservar la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo, organismo constitucional encargado de defender los derechos fundamentales, supervisar la actuación del Estado y contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Resulta especialmente preocupante que uno de los cuestionamientos formulados se refiera a la actuación de la Defensoría respecto del régimen de extinción de dominio, cuya demanda de inconstitucionalidad fue posteriormente declarada fundada en parte por el propio Tribunal Constitucional. Ello reafirma que la lucha contra la criminalidad y la corrupción debe realizarse con firmeza, pero siempre respetando la Constitución, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad y el debido proceso.
La CCL reconoce, asimismo, la labor que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo frente a la extorsión, la criminalidad organizada y la grave crisis de seguridad ciudadana, mediante acciones de supervisión, investigación y articulación institucional en defensa de ciudadanos, transportistas, empresarios y emprendedores.
En ese contexto, una denuncia constitucional de esta magnitud debe ser evaluada con objetividad, responsabilidad y proporcionalidad, evitando que el legítimo ejercicio del control político pueda convertirse en un mecanismo de presión o inhibición frente al cumplimiento de funciones constitucionalmente asignadas.
La Cámara de Comercio de Lima respeta plenamente las atribuciones del Congreso de la República, pero considera indispensable que estas se ejerzan con respeto al debido proceso, la autonomía de los organismos constitucionales y el normal funcionamiento de instituciones que hoy resultan especialmente necesarias frente a la inseguridad y el debilitamiento institucional.
El Perú necesita fortalecer, y no debilitar, a sus instituciones. La CCL reafirma su compromiso con la institucionalidad democrática, la seguridad jurídica, la independencia de los organismos constitucionales y una lucha frontal contra la corrupción, la extorsión y el crimen organizado.
