Antes de ocupar cargos públicos, Del Castillo era un político de clase media. Sin embargo, a fines del período aprista, comenzó la construcción de una costosa residencia en Camacho, La Molina. Entonces lo acusaban de emplear materiales de Invermet, de la municipalidad de Lima.
¿A nombre de quién inscribió su casa? ¿Por qué no la registró en su declaración jurada de bienes y rentas, donde dice no poseer ningún inmueble?
No sólo habría bienes que valdría la pena que Del Castillo aclare, hay dinero en efectivo que ahora emerge administrado por su hijo, al punto de querer adquirir el 40% de un canal.
La Contraloría, la ONA ni el Congreso se ocupan del necesario freno a las normas que rigen la publicidad estatal
Cuando hay decencia las normas no son necesarias, pues se espera que se cumplan códigos mínimos de conducta. Sin embargo, donde no hay restricción un gobierno inmoral aprovechará la oportunidad para abusar de los fondos públicos y malusarlos.
La ausencia de normas claras que limiten los montos y fines de la publicidad estatal son vistos con indiferencia tanto por el Congreso como por la Contraloría y la ONA, situación que es muy bien aprovechada por el Apra para enriquecer a la prensa servil al gobierno, la cual siempre está lista para callar y disimular las incapacidades apristas.
En el colmo del descaro, Correo, diario que se ha convertido en un estropajo del gobierno, y que ha sido ampliamente favorecido con suculentos ingresos por publicidad estatal, todavía quiere más. La semana que pasó se vio a Aldo Mariátegui reclamando que el gobierno publicite la entrega de computadoras en la sierra y otros actos rutinarios del gobierno (que bien deberían aparecer como una nota periodística normal, y no como un “cherry” interesado).
¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Por qué el gobierno tiene que derrochar dinero en publicitar acciones rutinarias? ¿No le basta el diario y televisión oficiales? ¿Por qué los peruanos tenemos que mantener a periodistas mermeleros que descaradamente mantienen una línea de opinión purulenta?
