La reciente aprobación de la eliminación de los “services” en la Comisión de Trabajo ha dejado al descubierto el doble juego del gobierno aprista, que ganó votos al presentar en su campaña electoral esta propuesta.
Los empresarios mineros, para oponerse a esta ley, presentaron en el Congreso argumentos más que descabellados, como decir que la actividad minera es temporal, porque en algún momento el mineral se acabará y terminará su producción, por tanto, no se puede dar a los trabajadores las condiciones de relativa estabilidad y protección que ofrece el incluirlos en la planilla.
Con estas declaraciones, los representantes mineros ponen al trabajador en condición de un papel descartable: “usar y botar”.
Pero estos supuestos de los empresarios mineros no tienen el más mínimo sustento humano ni legal. En primer lugar, la actividad minera produce grandes ganancias, por lo que no pueden alegar incapacidad financiera.
En segundo lugar, en cuanto al tiempo de actividad, éste es relativo, pues hay minas que tienen cientos de años de continua actividad, mucho más de la vida productiva de un minero, que si ingresa a los 20 años, debe jubilarse a los 45, cuando su salud ha sido castigada por los contaminantes y tendrá una sobrevida con una calidad muy baja. Es decir, por lo general un minero no va más allá de los 25 años de trabajo.
En tercer lugar, la ley establece con toda claridad el fin del vínculo laboral cuando una empresa se ve obligada a cerrar por diversas razones, por ejemplo, por agotamiento de la producción o quiebra, entre otros, no hay planilla eterna. Los empresarios mineros tienen asesores legales, por tanto, sus declaraciones no pueden ser atribuidas a la ignorancia, sino a la malicia con la que pretenden engañar al Congreso y a la opinión pública con el único fin de no otorgar a los trabajadores los beneficios sociales que le corresponden, hecho más grave si se trata de un trabajador minero, a quien la mina año tras año consume implacablemente su salud.
Por su parte, el ministro de Trabajo ha dado una explicación irrisoria al decir que no se puede prescindir de los ‘services” de limpieza y vigilancia, por ejemplo, en el Estado. ¿Por qué, si antes de la aparición de los “services” cada entidad estatal tenía a estos trabajadores en planilla, quienes realizaban su trabajo con toda propiedad?
El primer gobierno de García fue el principal promotor de los “services”, actividad que llegó a su clímax durante la corrupta dictadura de Fujimori, donde había funcionarios de gobierno dueños de “services” que se enriquecían a costa de la explotación de estos trabajadores, sin estabilidad laboral, muchas veces sin beneficios sociales, sin horas extra pagadas, y, sobre todo, ya no podían formar parte del sindicato para que defendiesen sus derechos.
No hay justificación para que el estado no contrate por planillas a los trabajadores de limpieza y vigilancia, pues, no obstante no ser la actividad principal, se trata de un trabajo diario, con horario y que no requiere de gran especialización. Por el contrario, el Estado debería proteger a estas personas, a quienes la sociedad no ha dado la facilidad de tener una preparación profesional y son víctimas de todas las formas de explotación y abuso laboral. Las única excepción podría ser la limpieza de exteriores de altos edificios, que requieren de andamios, equipos y extremas medidas de seguridad, porque este trabajo se realiza en forma ocasional —a veces una vez cada varios años—, por lo cual no se justifica la contratación de personal en planilla, que debe realizar un trabajo diario.
El único impedimento para aprobar la eliminación de los “services” es la codicia inhumana y desmedida de los dueños de estas empresas de intermediación laboral, acostumbradas a quedarse con buena parte de la ganancia del trabajo de pobres peruanos a quienes hacen la vida desgraciada. Esperemos que en el Congreso no prosperen los lobbies en su afán de poner piedras en el camino para la promulgación de esta justa norma, en especial, el lobby minero, que tiene dinero para comprar a la prensa sirvienta, que comenzará a realizar una campaña contra esta ley.
