Una vez más se evidencia la incapacidad del ministro del Interior Juan José Santiváñez, quien dice que desplazó efectivos policiales y militares a Pataz, en la Libertad, ante los constantes actos delictivos perpetrados por delincuentes relacionados con la minería ilegal en perjuicio de la empresa minera Poderosa, que sufrió un nuevo atentado.
El ataque fue perpetrado la madrugada de este domingo 12 de enero con tres cargas de dinamita que destruyeron la torre de alta tensión N.° 24 de la recientemente inaugurada Línea de Transmisión de 60kv que alimenta de energía la planta Santa María y otros sectores de las labores mineras en Pataz. Con ello ya son 15 torres atacadas por los hampones terroristas en el área.
“El suministro eléctrico de las operaciones fue interrumpido como resultado del atentado, pero se logró restituir gracias a la implementación del plan de contingencia. Con ésta, son ya 15 las torres de alta tensión dinamitadas en los últimos cuatro años, a lo que hay que sumar las incursiones violentas de los ilegales que ha traído como saldo la pérdida de vidas de 18 de nuestros colaboradores”, señala la minera Poderosa.
Esto ocurre pese a la renovación del estado de emergencia y la presencia en la zona de un contingente de más de 200 policías y efectivos del Ejército.
Tras las explosiones y el corte eléctrico, los delincuentes tomaron la operación de un campamento minero ilegal en la quebrada de Carhuabamba y secuestraron, según la Policía Nacional del Perú (PNP), a 17 de sus trabajadores.
A causa del del enfrentamiento entre ambos grupos ocurrió un derrumbe en la entrada de la bocamina, donde permanecen atrapadas las personas retenidas.
“Esta es un área invadida por mineros ilegales en los últimos años. Poderosa ha debido retirarse de esta zona, a fin de proteger la integridad y seguridad de su personal. En reiteradas oportunidades hemos denunciado frente a las autoridades la persistente presencia de los ilegales y su control de la zona, sin que hasta el momento la policía intervenga”, indica la empresa.
Poderosa se encuentra en medio de un fuego cruzado de grupos delincuenciales que usan métodos terroristas en sus disputas territoriales. En las pasadas fiestas navideñas, estos enfrentamientos entre mineros ilegales cobraron cinco vidas.
La escalada de violencia que vive Pataz se explica, en buena medida, por el crecimiento exponencial de la minería ilegal que se viene dando al amparo del REINFO, cuya vigencia fue recientemente ampliada por el Congreso de la República, a pesar de la contundente evidencia sobre el fracaso del proceso formalizador y los efectos perversos asociados a sus periódicas ampliaciones.
Finalmente, Poderosa reitera su pedido al gobierno para que haga efectivo el compromiso que asumió (hace casi un año) para constituir un frente policial en Pataz, a fin de erradicar la minería ilegal antes de que la misma siga extendiendo sus nefastos tentáculos.
La minería ilegal se ha convertido ya en la economía ilícita que más recursos genera, superando largamente al narcotráfico. Sus vínculos con otras actividades ilícitas como la extorsión, el sicariato, la trata y el tráfico de armas y explosivos vienen en aumento. Resulta por ello fundamental que los distintos órganos del Estado, con el liderazgo del Ejecutivo, actúen con prontitud y contundencia para frenar este terrible flagelo.
