En el Perú y Ghana
La actividad minera y petrolera ha entrado en competencia directa con la agricultura de pequeña escala en muchos países. Las tensiones por el control de la tierra y, sobre todo, por el agua, han producido protestas y conflictos violentos en las comunidades. Reconciliar estos dos importantes impulsores del desarrollo se ha convertido en un tema crucial de gobernabilidad y desarrollo.
Según estudio de la Universidad de Queensland, Clark University (2014), los costos para las corporaciones en la conflictividad social pueden llevar a ser muy altos, cerca de los US$ 20millones semanalmente, en el caso de grandes proyectos mineros valorizados entre US$3,000 y US$5,000 millones.
Según el FMI, el Perú debe diversificar la economía en sectores estratégicos como la agricultura y no depender tanto de la minería. Si observamos lo que pasa en zonas con actividad minera, como en Espinar, entre 2004 y 2012, la provincia contó con más de mil millones de soles por recursos de canon y del aporte de la empresa minera bajo el convenio marco. Esa cifra constituyó el 86% del total de los recursos que recibió entre esos años dirigidos a mejorar condiciones de vida inmediata pero sin atender cambios estructurales de productividad y competitividad.
Según el informe, las cinco cuencas de drenaje que presentaban mayor proporción de su área bajo concesión a la industria minera eran el Marañón, Mantaro, Apurímac, Camaná e Inambari. La superposición se ha incrementado rápidamente, desde el año 2002, especialmente en las regiones de la costa y del centro del Perú. A partir del 2007 se empezó a otorgar desproporcionadamente áreas agrícolas, especialmente en la costa peruana.
El geógrafo Anthony Bebbington señaló que uno de los desafíos a superar tiene que ver con vencer la limitación de información, el marco legal incompleto y la asimetría en el acceso a la información entre los actores. Explicó además que uno de los indicadores más importantes son las concesiones otorgadas para la actividad extractiva, en zonas en donde se desarrolla pequeña agricultura, así como los cambios expuestos en el suelo y en la sociedad después de una actividad extractiva.
“Las concesiones nos indican que son decisiones tomadas por actores públicos y privados. Decisiones que tienen que ver con el uso de la tierra. Conscientemente dictadas. Otros indicadores de cambios están en la tierra y los que son de carácter social. Aunque sea un indicador negativo, sirve para medir”, añadió.
La problemática entre ocupación de territorios agrícolas por parte de las actividades extractivas tiene impacto también en la seguridad alimentaria del país, tema que OXFAM ha venido trabajando en los últimos años en nuestro país mediante la campaña CRECE.
Por ello, Giovanna Vásquez Luque, representante de OXFAM, señaló que la pequeña agricultura en Perú no tiene la atención, ni la prioridad necesaria por parte del Estado, a pesar de que destinan el 76% de sus tierras a la producción de tubérculos y el 72% a hortalizas; es decir son la base de nuestra seguridad alimentaria y de la gastronomía.
“En el país no ha habido una política agraria adecuadamente implementada para ese sector porque ni siquiera se encontraba data del mismo hasta el año pasado. El censo de 2012 nos habla que hay 2,260 mil pequeños productores y llama la atención que el sector no se ha disminuido sino que muy por el contrario ha aumentado aproximadamente en 500,000 mil. Las regiones de mayor concentración de la pequeña agricultura son Cusco, Puno y Cajamarca. Regiones en donde la industria extractiva tiene una presencia importante”.
Vásquez menciono que una muestra del poca prioridad del sector fue el diseño en el año 2013 de la discusión de la política en seguridad alimentaria donde se diseñó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara y una Ley marco que garantiza el Derecho a la Alimentación, la cual aún no está aprobada por el legislativo a pesar de los esfuerzos conjuntos de sociedad civil para lograr su envío al ejecutivo, anoto.
El estudio a cargo del profesor Bebbington de la Universidad de Clark, dice que la agricultura continúa siendo el mayor empleador de la población rural en el Perú. El 25% vive hoy en zonas rurales, de ese porcentaje, el 25.2% es el sector agrícola que aporta a la PEA y aporta el 7.2% al PBI nacional. La pequeña agricultura es un sector en el que hay una gran cantidad de gente empleada.
En los años futuros, es probable que los distintos usuarios de la tierra compitan cada vez más por el acceso a los mismos recursos de tierra y agua. Los mapas que muestran dónde se superponen los usos propuestos de la tierra, identifican así dónde la expansión de las industrias extractivas podría amenazar los medios de subsistencia que dependen de la tierra y el agua existentes.
Pese a los beneficios que genera, el desarrollo puede traer consigo también riesgos e incertidumbre para las comunidades. Las personas y los grupos responden a nuevos riesgos con un amplio rango de estrategias para sobreponerse a estos problemas.
El informe, advierte además que la producción agrícola y las industrias extractivas están dándose en las mismas áreas geográficas en el Perú y Ghana.
Puede predecirse que la superposición de la agricultura con las industrias extractivas conllevará a un conflicto social permanente, a menos que los gobiernos manejen esta situación de manera efectiva y mediante una adecuada coordinación de políticas.
Nuestro país está experimentado el espectacular crecimiento basado en la minería pero que según instancias como Banco Mundial, BID, etc., crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo. Los conflictos entre extractivas y comunidades locales están expresando raíces profundas de preocupación de agricultores, por ejemplo sobre el impacto en sus medios de vida.
