Pleno del Congreso aprobó delegar facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días
Pese a la demostrada incapacidad del Ejecutivo para ofrecer un mínimo de seguridad ciudadana, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría, el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de segundad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-Niño Global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia, por el plazo de 90 días calendario, que fuera presentado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su mensaje a la Nación del último 28 de julio.
La propuesta fue aprobada con 70 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, según el tablero digital y exonerada de la segunda votación.
La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Martha Moyano Delgado (FP), sostuvo que “el tema de inseguridad ciudadana nos compromete a todos. Hoy hubo una marcha al Congreso y todas vienen al Parlamento y no al Poder Ejecutivo, porque aquí están sus representantes, porque esta es la verdadera representación nacional”, expresó.
“Pero, entendiendo el interés nacional, esta verdadera representación va a entregar herramientas a la señora Dina Boluarte, para que aplique su plan en defensa de los ciudadanos”, señaló.
Agregó que, después, no habrá motivo de que se diga que el Congreso no dio las facilidades que se requerían.
Seguridad ciudadana
En lo que respecta a la lucha contra la delincuencia y crimen organizado, el dictamen aprobado propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, con la finalidad de optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
Entre otros, se busca fortalecer la lucha contra la extorsión, estafa, fraudes y otros delitos a través de la aprobación de medidas y modificatorias al marco normativo, con la intención de prevenir y hacer frente a la ciberdelincuencia, en irrestricto respeto de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y los principios de igualdad ante la ley, razonabilidad y proporcionalidad.
Asimismo, actualizar el marco normativo sobre crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, control e investigación de insumos químicos y delitos conexos, principalmente lo regulado en la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado.
Los principales detractores del gobierno presidido por Dina Boluarte Zegarra, fueron los integrantes de la bancada de Perú Libre, quienes señalaron, entre otros aspectos, que el Poder Legislativo no puede entregar sus facultades a un sector que no tiene un plan establecido para afrontar el tema de la inseguridad ciudadana.
Hubo quienes rechazaron el otorgamiento de facultades al Poder Ejecutivo por considerar que es una facultad a la que no debe renunciar el Poder Legislativo, entre ellos los legisladores Guido Bellido Ugarte(PB), Kelly Portalatino Ávalos (PL), Flavio Cruz Mamani (PL).
Otros, se preocuparon para que ese poder del Estado trabaje por la infraestructura y la gestión de este importante problema que requieren solución, entre ellos Jorge Montoya Manrique (RP), José Cueto Aservi (RP) y Roberto Chiabra León (APP) e Ilich López.
