La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático) presentó el proyecto de ley que propone derogar la Ley 32108, que había introducido temerarias modificaciones a la norma contra el crimen organizado para favorecer a la delincuencia, como la definición del término organización criminal y que los allanamientos deben ser con la presencia del investigado y su abogado.
El texto busca restablecer la norma promulgada por el Congreso a inicios del mes de agosto, la cual no fue observada por el Ejecutivo. La Ley 32108 fue impulsada por la bancada de Perú Libre y aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente el pasado 4 de julio.
Luque señala que la ley actual, en lugar de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, está debilitando el sistema de justicia al dificultar la realización de allanamientos efectivos en propiedades vinculadas a actividades delictivas. “Si las fuerzas políticas y sus líderes en el Congreso de la República realmente están comprometidos en la lucha contra la delincuencia y no buscan favorecer a las organizaciones criminales, entonces no debemos otorgarles ninguna ventaja legal”, expresó a través de sus redes sociales.
El proyecto planta restablecer las normas previas a la Ley 32108, reincorporando disposiciones del Código Penal, el Decreto Legislativo 635, la Ley 30077 y la Ley 27379. Entre los cambios más destacados, se incluyen la redefinición de lo que constituye una organización criminal y la reincorporación de medidas para limitar derechos en investigaciones preliminares, como el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, además de la posibilidad de realizar allanamientos bajo circunstancias específicas.
La iniciativa se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde se espera sea puesto en agenda y pueda ser debatida en el grupo de trabajo. La propuesta establece que la ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, con el objetivo de revertir los cambios que, según la congresista Luque, están debilitando la lucha contra el crimen organizado al dificultar las investigaciones y procedimientos judiciales efectivos.
Dicha ley fue uno de las varias leyes aprobadas por el hampa congresal en favor de los delincuentes, ya sean violentos o las mafias de corrupción.
