El presidente ejecutivo de EsSalud, César Linares, aseguró que la mayor parte de las denuncias que se difundieron tras su nombramiento fueron archivadas y una está en proceso.
Mediante un comunicado, explicó que todas las denuncias están relacionadas con el ejercicio de la profesión médica y la función pública las cuales son de loas años 2010, 2014, 2015 y 2018.
En cuanto a la denuncia del 2010, se concluyó, pues no se formalizó la acusación, debido a que el imputado no tuvo participación directa en los hechos de los que se le acusa.
La denuncia por el delito de lesiones está concluida, indicó y agregó que acudió a una sola cita para responder por los cargos, pero que la acusación no fue formalizada.
Acerca las denuncias de 2014, otra de 2015 y 2018 detalló que la de 2014 fue también por el delito de lesiones y el caso fue archivado. La denuncia de 2015 fue por colusión simple en la compra de un ecógrafo cuando era exdirector del Hospital Honorio Delgado y las investigaciones continúan en el Órgano Jurisdiccional, mencionó.
La más grave, de 2018 por el delito de homicidio culposo, también fue archivada por la Fiscalía, y por ello nunca se realizó una investigación preparatoria.
El funcionario adelantó que exigirá que se retire su nombre del registro Sistema Integrado de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIAFT).
Siendo dicho cargo uno de confianza, y lo que dice Linares es cierto, tiene abierto todavía un proceso por colusión, por lo cual no debería haber sido promovido a un cargo más alto hasta que no se determine su responsabilidad.
El problema es que el Congreso, como está compuesto en parte de sujetos que lindan con lo delincuencial o son delincuenciales, promueve que existan funcionarios del Estado, como los congresistas, que, por las leyes que ellos mismos elaboran, no tienen impedimento de postular si cuentan con investigaciones abiertas aunque se trate de casos graves, pues han establecido la burla a la honestidad legislando que el impedimento proceda previa sentencia judicial, pero como todos sabemos, un proceso judicial puede tardar años o décadas, y en tanto se abre las puertas a que delincuentes ocupen altos cargos, formen mafias y delincan amparados en la lentitud judicial.
Por ello, los impedimentos para ocupar altos cargos públicos, incluso los de elección popular deberían considerar toda denuncia fiscal vigente, condición que la mafia congresal no quiere aceptar.
