Pronunciamiento de los pueblos indígenas se la selva central
Resistencia Permanente por la Amazonía y la Vida.
Los Pueblos Indígenas de la Selva Central: Ashaninka, Asheninka,Yine, Yanesha, Kakinte, Nomatsiguenga y Matsiguenga, y los Pueblos Andinos y Organizaciones Sociales de la Selva Central, ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
Resistencia Permanente por la Amazonía y la Vida.
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1. Condenamos enérgicamente la represión sangrienta contra nuestros hermanos indígenas en la provincia de Bagua y la muerte, hasta la fecha, de aproximadamente 32 hermanos indígenas y 12 policías, y un mayor número de heridos y desaparecidos.
2. Declaramos la absoluta responsabilidad de este gobierno de Alan García Pérez sobre estos hechos, de acuerdo con sus siguientes actuaciones:
· Vulneró el orden constitucional al aprobar una serie de normas violatorias de la Constitución y de los Tratados internacionales con el claro fin de despojarnos de nuestros territorios ancestrales y entregar los recursos naturales a las transnacionales.
· Silenció, a través de los medios de comunicación, la voz indígena expresándose en defensa de nuestros territorios y los recursos naturales, como los bosques y las aguas, la vida.
· Negó, de hecho, el diálogo expresa y largamente esperado por nuestra organización representativa AIDESEP, y por el contrario, declaró el estado de emergencia suspendiendo las libertades personales y los derechos políticos en las regiones donde estaba la protesta indígena.
· Pretendió, ante la persistencia indígena en la digna reclamación por nuestros derechos, intimidar a nuestra dirigencia nacional denunciándolos por sedición, rebelión y conspiración.
· Como aún así, el reclamo indígena no decayó, organizó un diálogo dilatador, falso y perverso. Falso, porque allí mostró su invariable negativa a derogar las normas anticonstitucionales, y perverso, porque lo hizo con las denuncias penales pendiendo sobre los dirigentes, quienes por supuesto, no se amilanaron.
· Soslayó los informes, opiniones y solicitudes de la Comisión Multipartidaria, de la Defensoría del Pueblo, del Comité de Expertos de la OIT, de la Presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, y de expertos constitucionalistas, que de una u otra manera demostraron la legitimidad de la demanda indígena para la derogatoria de los decretos.
· Desairó los llamados de instituciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, Iglesia, que invocaron al gobierno, abrir un diálogo auténtico y respetuoso con los representantes indígenas.
· Lo que sí hizo evidente a lo largo de estos 55 días de paro amazónico es que su opción es por la defensa de intereses petrolíferos y mineros transnacionales en contra de los de nuestro país y de los derechos de nuestros pueblos, aunque ello le haya significado provocar la masacre con el derramamiento de sangre inocente y las muertes de policías y de hermanos indígenas que no hacían nada más que defender heroica y pacíficamente la vida de nuestros pueblos frente a los atentados contenidos en las normas inconstitucionales de este gobierno que hoy se ha convertido en asesino.
3. Lo sucedido en Bagua, nos trae al presente los casos que se produjeron durante el primer gobierno de Alan García: el caso Accomarca, en 1985, en el que la CVR estableció el asesinato de 62 comuneros, entre mujeres, ancianos y niños por una patrulla del ejército; el caso Cavara en 1988, en el que la CVRcorroboró que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos bajo un operativo militar; y el caso de las ejecuciones extrajudiciales en los penales de El Frontón y Lurigancho en que la CVR declaró estar en condiciones de afirmar que más de doscientos internos perdieron la vida durante los motines del mes de junio de 1986, por el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos que una vez rendidos fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado.
4. Expresamos que la dación de normas inconstitucionales que atentan contra la vida de los pueblos indígenas, junto a los hechos ocurridos en Bagua, nos hacen pensar en que el Estado podría estar incurriendo en prácticas y políticas sistemáticas que estarían lindando con el delito de lesa humanidad, por lo que hacemos un llamado a todos los peruanos y peruanas a mantenernos alertas al accionar de este gobierno.
5. Reiteramos que los únicos responsables de las lamentables muertes son el Ejecutivo y el Congreso. Pedimos que el Presidente de la República Alan García Pérez sea juzgado por ello. Pedimos la renuncia inmediata del Presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon y de las Ministras del Interior y de Justicia, Mercedes Cabanillas y Rosario del Pilar Fernández, porque han mostrado su incapacidad para atender la justa demanda indígena y solucionar el conflicto sin arriesgar los derechos fundamentales. Esto les hace compartir responsabilidad en los hechos producidos.
6. Exigimos el cese de la persecución penal de todos los integrantes de AIDESEP. Ellos solo canalizan las demandas de sus bases y las hacen de conocimiento público. No aceptamos ninguna detención contra el Presidente de AIDESEP ni contra ninguno de los líderes nacionales, regionales, locales ni comuneros indígenas. Asimismo, exigimos el cese de la campaña, por parte del gobierno y algunos medios de comunicación, donde se nos identifica como terroristas. Señalamos que nuestras acciones son en defensa de nuestra vida y nuestra dignidad como pueblos.
7. Exigimos la inmediata derogatoria de los Decretos Legislativos 1090, 1064,1089 Y 1020. La Defensoría del Pueblo ya se pronunció sobre el Decreto 1064 y expuso las razones por las que es inconstitucional, muchas de ellas aplicables a todos los otros. Hoy por hoy, es evidente que tanto el Ejecutivo como el Congreso han pretendido "pasearnos" con mesas y debates que no resuelven nada. LOS PUEBLOS INDÍGENAS NO ACEPTAMOS MÁS ESTOS ENGAÑOS. Lo único que logrará este gobierno con sus medidas represivas y sus asesinatos es multiplicar nuestra lucha.
8. Comunicamos que los pueblos indígenas de la selva central iniciaremos una jornada de resistencia permanente por la defensa de nuestro territorio ancestral.
9. Agradecemos la solidaridad de todas las organizaciones sociales y personalidades que rechazan este modelo neoliberal y les pedimos que se unan a esta lucha. Alan García no recibió los votos del pueblo para gobernar vulnerando la Constitución, ni para ser empleado de las trasnacionales, ni para violar los derechos humanos de los pueblos indígenas.
2. Declaramos la absoluta responsabilidad de este gobierno de Alan García Pérez sobre estos hechos, de acuerdo con sus siguientes actuaciones:
· Vulneró el orden constitucional al aprobar una serie de normas violatorias de la Constitución y de los Tratados internacionales con el claro fin de despojarnos de nuestros territorios ancestrales y entregar los recursos naturales a las transnacionales.
· Silenció, a través de los medios de comunicación, la voz indígena expresándose en defensa de nuestros territorios y los recursos naturales, como los bosques y las aguas, la vida.
· Negó, de hecho, el diálogo expresa y largamente esperado por nuestra organización representativa AIDESEP, y por el contrario, declaró el estado de emergencia suspendiendo las libertades personales y los derechos políticos en las regiones donde estaba la protesta indígena.
· Pretendió, ante la persistencia indígena en la digna reclamación por nuestros derechos, intimidar a nuestra dirigencia nacional denunciándolos por sedición, rebelión y conspiración.
· Como aún así, el reclamo indígena no decayó, organizó un diálogo dilatador, falso y perverso. Falso, porque allí mostró su invariable negativa a derogar las normas anticonstitucionales, y perverso, porque lo hizo con las denuncias penales pendiendo sobre los dirigentes, quienes por supuesto, no se amilanaron.
· Soslayó los informes, opiniones y solicitudes de la Comisión Multipartidaria, de la Defensoría del Pueblo, del Comité de Expertos de la OIT, de la Presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, y de expertos constitucionalistas, que de una u otra manera demostraron la legitimidad de la demanda indígena para la derogatoria de los decretos.
· Desairó los llamados de instituciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, Iglesia, que invocaron al gobierno, abrir un diálogo auténtico y respetuoso con los representantes indígenas.
· Lo que sí hizo evidente a lo largo de estos 55 días de paro amazónico es que su opción es por la defensa de intereses petrolíferos y mineros transnacionales en contra de los de nuestro país y de los derechos de nuestros pueblos, aunque ello le haya significado provocar la masacre con el derramamiento de sangre inocente y las muertes de policías y de hermanos indígenas que no hacían nada más que defender heroica y pacíficamente la vida de nuestros pueblos frente a los atentados contenidos en las normas inconstitucionales de este gobierno que hoy se ha convertido en asesino.
3. Lo sucedido en Bagua, nos trae al presente los casos que se produjeron durante el primer gobierno de Alan García: el caso Accomarca, en 1985, en el que la CVR estableció el asesinato de 62 comuneros, entre mujeres, ancianos y niños por una patrulla del ejército; el caso Cavara en 1988, en el que la CVRcorroboró que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos bajo un operativo militar; y el caso de las ejecuciones extrajudiciales en los penales de El Frontón y Lurigancho en que la CVR declaró estar en condiciones de afirmar que más de doscientos internos perdieron la vida durante los motines del mes de junio de 1986, por el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos que una vez rendidos fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado.
4. Expresamos que la dación de normas inconstitucionales que atentan contra la vida de los pueblos indígenas, junto a los hechos ocurridos en Bagua, nos hacen pensar en que el Estado podría estar incurriendo en prácticas y políticas sistemáticas que estarían lindando con el delito de lesa humanidad, por lo que hacemos un llamado a todos los peruanos y peruanas a mantenernos alertas al accionar de este gobierno.
5. Reiteramos que los únicos responsables de las lamentables muertes son el Ejecutivo y el Congreso. Pedimos que el Presidente de la República Alan García Pérez sea juzgado por ello. Pedimos la renuncia inmediata del Presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon y de las Ministras del Interior y de Justicia, Mercedes Cabanillas y Rosario del Pilar Fernández, porque han mostrado su incapacidad para atender la justa demanda indígena y solucionar el conflicto sin arriesgar los derechos fundamentales. Esto les hace compartir responsabilidad en los hechos producidos.
6. Exigimos el cese de la persecución penal de todos los integrantes de AIDESEP. Ellos solo canalizan las demandas de sus bases y las hacen de conocimiento público. No aceptamos ninguna detención contra el Presidente de AIDESEP ni contra ninguno de los líderes nacionales, regionales, locales ni comuneros indígenas. Asimismo, exigimos el cese de la campaña, por parte del gobierno y algunos medios de comunicación, donde se nos identifica como terroristas. Señalamos que nuestras acciones son en defensa de nuestra vida y nuestra dignidad como pueblos.
7. Exigimos la inmediata derogatoria de los Decretos Legislativos 1090, 1064,1089 Y 1020. La Defensoría del Pueblo ya se pronunció sobre el Decreto 1064 y expuso las razones por las que es inconstitucional, muchas de ellas aplicables a todos los otros. Hoy por hoy, es evidente que tanto el Ejecutivo como el Congreso han pretendido "pasearnos" con mesas y debates que no resuelven nada. LOS PUEBLOS INDÍGENAS NO ACEPTAMOS MÁS ESTOS ENGAÑOS. Lo único que logrará este gobierno con sus medidas represivas y sus asesinatos es multiplicar nuestra lucha.
8. Comunicamos que los pueblos indígenas de la selva central iniciaremos una jornada de resistencia permanente por la defensa de nuestro territorio ancestral.
9. Agradecemos la solidaridad de todas las organizaciones sociales y personalidades que rechazan este modelo neoliberal y les pedimos que se unan a esta lucha. Alan García no recibió los votos del pueblo para gobernar vulnerando la Constitución, ni para ser empleado de las trasnacionales, ni para violar los derechos humanos de los pueblos indígenas.
