En los ‘90 las sentencias se dictaban según los intereses del fujimorismo
Las comisiones ejecutivas y las salas provisionales decidían. Con el apoyo de los congresistas fujimoristas y su asesor Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori tomó el control del Poder Judicial y la Fiscalía.
César Romero C.
Bajo la bandera de la reforma judicial, a partir de abril de 1992 el gobierno de Alberto Fujimori intervino en la administración de justicia con el objetivo real de dar impunidad a sus colaboradores y perseguir a los detractores.
Al final de este gobierno el sistema judicial estaba en colapso y descrédito total. Aún hoy, 10 años después, el Poder Judicial (PJ), la Fiscalía, la Academia de la Magistratura (Amag) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tienen una alta provisionalidad en su estructura.
Luego de asumir la presidencia, Fujimori inició una campaña de desprestigio del PJ, algo que incluso hoy no es difícil de hacer pero no es la solución al problema. Fujimori rebautizó al Poder Judicial como el “Palacio de la injusticia” y muchos aplaudieron cuando el 5 de abril los tanques cerraron las sedes judiciales por 30 días y cientos de magistrados fueron despedidos sin justificación.
Jueces provisionales
Al restablecerse las actividades todo quedó en manos de magistrados provisionales o serviles al régimen. En 1994 hubo un intento de arreglar la situación, con un Jurado de Honor de la Magistratura, pero cuando los nuevos jueces titulares no se prestaron al juego del régimen se produjo otra intervención.
El 21 de noviembre de 1995 se crearon las comisiones ejecutivas. El PJ quedó bajo control del desaparecido comandante de la Marina José Dellepiane y el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación, a cargo de Blanca Nélida Colán.
Las actividades de la Academia de la Magistratura quedaron en suspenso, se quitó al Consejo Nacional de la Magistratura las atribuciones de investigar y sancionar, se dio voz y voto a los jueces provisionales y nacieron los juzgados y fiscalías especializadas en derecho público (hábeas corpus y amparos), delitos tributarios, narcotráfico y bandas.
En el vladiaudio Nº 808 (abril 1998), de una cita de Cambio 90-Nueva Mayoría con Montesinos, el asesor explicó a los congresistas fujimoristas el uso político del control del PJ y la Fiscalía para lograr la re-reelección.
En la reunión participaron, entre otros, actuales acompañantes de la candidata presidencial Keiko Fujimori: Luz Salgado, Víctor Joy Way y Carmen Lozada. Montesinos les dijo que las leyes que han estado dando en los últimos meses tenía como finalidad controlar la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos para que designen como delegados ante el Jurado Nacional de Elecciones a magistrados que respalden la re-reelección presidencial.
Otros testimonios dan cuenta de las visitas de los jueces al SIN para ver temas de interés del régimen. Un modelo de relación Ejecutivo-PJ con el que la candidata Fujimori aún no hace el deslinde necesario que asegure que esta intromisión no se va a repetir para, por ejemplo, liberar a su padre sin necesidad del indulto o revisar los juicios contra la corrupción y violación de DDHH de los últimos años.
Martha Chávez
Amparo. “Cuando la congresista Martha Chávez presentó una acción de amparo, nos reunimos en el SIN con el doctor Montesinos, Adalberto Seminario, Almeyda, Serpa, Nelson Reyes y Tineo Cabrera”, declaró el abogado del SIN Pedro Hurtas.
Reelección. Martha Chávez, la misma que hoy amenaza al presidente del PJ César San Martin, logró un amparo que obligaba al JNE a inscribir la candidatura de Alberto Fujimori a un tercer mandato presidencial.
Una agresión al sistema judicial
“El autogolpe también significó una agresión al sistema de justicia muy grave. En esa época yo era abogado y encontramos el Poder Judicial rodeado de jueces y cerrado por 30 días”, recordó el actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Héctor Lama More. Luego, dice, cuando ingresé al PJ en 1994, en el área civil no teníamos muchos problemas, pero cuando veíamos un caso que incomodaba al gobierno aparecían las resoluciones de los juzgados de derecho público que paralizaban todo”, subraya.
“Con el pretexto de la reforma judicial, el gobierno de Alberto Fujimori sometió bajo su control al PJ y al Ministerio Público con la finalidad de utilizar a los jueces, tribunales y fiscales para resolver millonarios casos judiciales, absolver a sus amigos y al mismo tiempo sancionar y destruir económicamente a sus adversarios o a los que no se sometían”, señaló el actual miembro del CNM, Vladimir Paz de la Barra.
“Fueron ocho años de intervención política que demuestran un profundo desprecio por la justicia, inaceptable en democracia. El PJ se convirtió en un instrumento para dar impunidad al régimen y perseguir a los opositores, hasta intervenir los canales de televisión, como sucedió en el canal 2”, refirió Carlos Rivera, de IDL. La República.
