Perú, la hora de la esperanza y la ilusión
Por: Ubaldo Tejada Guerrero(*)
“Cómo hemos reiterado una y otra vez, en ésta campaña, éste proyecto histórico, no puede avanzar sin la participación y la movilización de los hombres y mujeres, que siguen creyendo que no estamos condenados permanentemente a la dependencia, a la marginación y a la exclusión social. Que es posible luchar por otro Perú, que es viable la gran transformación en nuestro país.
Lo fundamental ahora y siempre, ha sido el compromiso de los ciudadanos y las ciudadanas, convertir la esperanza en proyecto político y la ilusión en organización y en movilización. Como siempre todo dependió y dependerá de nosotros”. Ollanta Humala Tasso.
El fin supremo del Estado peruano debe ser la defensa y el respeto de la dignidad de la persona humana, su objetivo principal: los derechos humanos, la seguridad, el orden y el bienestar general basado en la justicia y el desarrollo integral (económico y humano) de la nación, pero lo que observamos es una campaña electoral asimétrica de empleo de recursos, entre los grupos de poder y el pueblo peruano, para convencernos que nada debe cambiar y que el modelo es perfecto: nada de estado para los excluidos, si mucho mercado para los incluídos. Peter Eigen, Presidente de Transparencia Internacional, ha estimado que una tercera parte de la deuda del tercer mundo, puede ser producto de la corrupción, que en el caso Fujimori- Montesinos, se ha calculado conservadoramente en más de 1,500 millones de dólares, ello sin tomar en cuenta los “faenones” posteriores, lo que amerita según los expertos internacionales a la necesidad de una auditoría internacional de la deuda externa peruana, para conocer cuanto de ella es deuda “corrupta”. Ese el temor de la vieja derecha rentista peruana el 5 de junio del 2011.
El Dr. César San Martin Castro, en una magistral conferencia sobre corrupción en febrero del 2001, señalaba la existencia de “una organización criminal que actuaba en varios ámbitos y su núcleo dirigencial o individuos relacionados, estaba conformado por varios cientos de personas que cruzaba muchos ámbitos funcionales: (1) políticos (compra de conciencias, entrega de dinero para campañas electorales, imposición de alianzas estratégicas o coyunturales; (2) militares (nepotismo, adquisición de armamento y saqueo de la Caja Militar y Policial); (3) judiciales (configuración de una red de jueces y fiscales, así como de abogados y allegados, orgánicamente integrados al SIN para implementar extorsiones y persecuciones a disidentes y desafectos); (4) electorales (penetración en el sistema electoral, sumisión de los principales funcionarios del sistema); (5) periodísticos (arrasamiento y demostración de opositores, financiación de órganos de expresión oficialistas, asignación de publicidad estatal); (6) financieros (lavado y utilización del sistema financiero con la complicidad de banqueros y empleados bancarios); y (7) empresariales; es decir el comportamiento delictivo cruzaba prácticamente todo el código penal” (“Legislación Penal contra los delitos de corrupción”-Fiscalía de la Nación-Lima-Perú 2001).
Llegamos al debate electoral del domingo 29 de mayo del 2011, donde el centro del problema es la institucionalización del Estado peruano, y ella pasa por la defensa de la democracia, el combate a la corrupción y la defensa de los derechos humanos, que la candidata Keiko Fujimori, se ha negado a debatir, que esperamos Ollanta Humala lo toque, porque así demanda la ciudadanía.
Nos referimos a una corrupción institucionalizada, cuyos efectos Fujimori-Montesinos parecen no desactivados el 2011, por las cuales la juventud sigue motivada para movilizarse en el Perú, porque perciben, que nuestras instituciones están deslegitimadas, porque han perdido credibilidad ante la ciudadanía. El problema es la regeneración moral y democrática del Estado.
Estamos hablando de la posibilidad de un tercer gobierno de Fujimori, a través del clan, hoy en manos de su hija Keiko, con el riesgo del retorno a la concentración del poder, la intervención de organismos constitucionales, la destrucción y neutralización de los sistemas y órganos de control, con el fin de crear las condiciones necesarias para conseguir sus objetivos ilegales y para lograr la impunidad de los ilícitos Fujimori-Montesinos.
La corrupción es el abuso de la función pública con el objetivo de obtener un beneficio privado, que en el caso peruano, por los niveles alcanzados, tiene consecuencias graves, en el campo económico, acrecentando el costo de los bienes y servicios; en lo social consolidando la desigualdad; en lo político manteniendo un ilegal control de las decisiones de gobierno en el Estado. Pero lo más grave es la degradación moral y la precariedad democrática, con la cual estamos llegando hoy el 2011, que esperamos sean superadas el 5 de junio.
(*) Analista Global - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
