Por Jans Erik Cavero Cárdenas, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Han transcurrido 5 meses de gestión del nuevo Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) y los resultados no parecen alentadores. Sin embargo, para el presidente Wilfredo Oscorima todo está controlado y sólo él, al igual que algunos ayayeros a sueldo, percibe éxitos en diferentes ámbitos de su administración regional. A continuación revisemos algunos indicadores que demuestran empíricamente una pésima dirección gubernamental:
En cuanto a ejecución presupuestal se tiene un avance de 28.8% (al 02 de junio) respecto a un presupuesto institucional modificado de S/. 2,319’237,037.00. Con este porcentaje, el GRA ocupa el puesto 18 en ejecución del gasto, superando sólo a los gobiernos de Callao (23.1%), Apurímac (26.8%), Ancash (27.3%), Pasco (23,9%), Tacna (25.5%), Moquegua (18,2%) y Huancavelica (24.5%). Gastar 29 soles de cada 100 que se tiene programado, a casi la mitad de que concluya el ejercicio fiscal, evidencia una gestión inaceptable.
Si desagregamos el gasto por funciones la cosa está peor. En Turismo sólo se ha ejecutado el 16,9%; 13,4 en Pesca y Agropecuario; Industria 16,2; Minería 22,5; Saneamiento 11,7; Transporte 20,2; Medio Ambiente 27,9; Salud 24,5; Cultura y Deporte 15,4 y Vivienda 9,4. Menos alentador parecen los programas “Control de drogas”, “Readaptación Social”, “Vivienda”, en los que se ha ejecutado el 0% a pesar de contar con presupuesto programado.
En cuanto a obras de infraestructura, Oscorima se viene atribuyendo falsamente el asfaltado de la carretera Quinua – San Francisco, ignorando el nivel de gobierno a quien corresponde la competencia para implementarlo. Y es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de PROVIAS, es el competente de llevar adelante la ejecución de dicho proyecto de inversión. Para ello ha licitado la primera etapa, Quinua – Challhuamayo (52.4 km.), por un monto de 184 millones, cifra ya consignada en la Ley de Presupuesto 2011.
La remodelación del Hospital Regional de Ayacucho por un valor de 108 millones de soles ha traído más problemas que beneficios. No sólo no existe un adecuado plan de contingencias, sino además el Consorcio Hospitalario ha solicitado la ampliación de plazo por retrasos imputables al GRA, razón por la que debemos abonarle 3 millones. El hospital ha colapsado y la sanidad está sumida en una crisis profunda. En una semana han fallecido 7 mujeres gestantes y 2 heridos en accidente vial. Los gerentes de infraestructura y desarrollo social, además de los directores de salud y del mencionado nosocomio, deben renunciar al cargo por dignidad.
Finalmente, la corrupción constituye un indicador en el que nada se ha avanzado. Las mafias de las gestiones de Omar Quezada y Ernesto Molina continúan en la gestión de Oscorima, con el agravante de pretender asumir direcciones y cargos importantes. Por ejemplo, el ex Director de Agricultura, Pedro Rivera Cea está voceado para dirigir un sector importante de la administración; en el peor de los casos, asumiría una de las asesorías presidenciales o la asesoría de gerencia en reemplazo del inefable Zomelí Valladares. Oscorima desconoce la denuncia que pende sobre Pedro Rivera por haber adjudicado irregularmente 3,134 hectáreas en el Distrito de Llochegua (Huanta) a favor de la “Asociación Agroganadera Tierra Prometida”. Todo parece indicar que la vinculación parental entre Rivera Cea y el Gerente de Infraestructura resulta un aval necesario para obtener ciertos privilegios.
Los casos más sonados de irregularidades se han dado en importantes licitaciones. En la licitación sobre electrificación rural en el Distrito de Chiara el Gerente Regional Carlos Palomino, ex asesor de José Urquizo, habría presionado para la suscripción del contrato fuera del plazo previsto por la ley de contrataciones públicas. El caso está en la fiscalía y la Empresa CONCEGESA, quien tuvo como representante a Félix Vásquez, actual gerente del Municipio Jesús Nazareno y también vinculado a José Urquizo, tendrá que dar explicaciones razonables y convincentes.
En la licitación de la “Carretera Pampachiri – Negromayo” la conformación del comité especial fue ilegal. Quien fue gran beneficiario de obras públicas en la gestión anterior, Pompeyo Bellido, se otorgó la buena pro, desconociéndose hasta hoy quién o qué empresa será la supervisora. Asimismo, la supervisión del hospital regional fue exonerada por desabastecimiento inminente y se ha adjudicado a dedo la supervisión provisional a un staff de ingenieros, uno de cuyos miembros fue asesor presidencial semanas previas a la adjudicación.
Oscorima se está deslegitimando día a día. La revocacion es cuestión de tiempo si las organizaciones sociales, los partidos políticos y la ciudadanía nos unimos para darle decencia y gobernabilidad a la región Ayacucho.
