Seguridad ciudadana y propuestas. Dos aspectos no contemplados.
La falta de seguridad en todo el país ha puesto el tema en primer lugar de la agenda política y social. Reflejando esta preocupación de todo el país, un clamor por un mal que afecta a pobres y ricos, el presidente Ollanta Humala ha anunciado que va a presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Esto indica que ha captado la preocupación de la ciudadanía y que se compromete personalmente a enfrentar el problema con todos los recursos que tiene el estado.
Para enfrentar con éxito la amenaza permanente de la delincuencia es necesario tomar en cuenta factores como la acción policial, la legislación y el sistema carcelario, sobre lo cual hay diversas ideas y evaluaciones. Antes de exponer las nuestras, señalamos dos facetas gravísimas del problema, que normalmente se omiten en el análisis.
1 Drogas estupefacientes. Es un hecho muy conocido que la mayoría de delincuentes consume cocaína o marihuana, y comete sus delitos drogándose previamente. En casi todas las capturas de malhechores la policía les encuentra drogas. Una mirada superficial nos dice simplemente que son viciosos, y que al consumir esas sustancias no cometen delito; delito es vender o distribuir droga. He aquí el meollo del problema: no se puede reprochar al criminal por su consumo de drogas. Pero los abogados y congresistas defensores de los carteles de la droga olvidan o minimizan el hecho de que el delincuente drogado es muchísimo más peligroso que el que no se droga.
Bajo los efectos de la droga, el ladrón, asaltante o secuestrador no tiene el menor escrúpulo en matar a la menor señal de resistencia; o dispara su arma de fuego a diestra y siniestra, con lo que muchas veces mata o lesiona a personas que no son las asaltadas (tenemos los casos de las niñas Romina y Ariana). Además, se conocen casos en que los ladrones cocainómanos no temen si se les apunta con arma de fuego y arremeten con cuchillo o piedra, lo que obliga al ciudadano portador del arma a disparar, con lo que salva la vida pero se mete en serios problemas si hay testigos y muere el ratero.
1.1 Solución. Como no es fácil identificar como delito el consumo de drogas, se debe recurrir a otra solución: a) tipificar el consumo de drogas como conducta peligrosa y amenaza social y someter a régimen de rehabilitación riguroso a quienes —sean o no delincuentes— consuman drogas estupefacientes; b) establecer el consumo de drogas como serio agravante en cualquier delito.
Sabemos que esto no va a gustar a los abogados, congresistas y políticos que son consumidores de drogas o representantes de los intereses de las bandas de traficantes de drogas; pero debe entenderse que ninguna estrategia de lucha contra le delincuencia tendrá éxito si no se enfrenta con decisión el problema.
2 La amenaza. ¿Por qué los delincuentes cometen toda clase de atropellos y matan con facilidad? ¿Por qué en Lima y ciudades de la costa los malhechores hacen lo que quieren, pero no sucede lo mismo en Cajamarca y Puno? Eso ocurre porque en Lima y otras ciudades de la costa la gente está intimidada, mientras que en Cajamarca y Puno el pueblo se hace respetar —desnudando, flagelando, enterrando vivo o quemando vivo al forajido— y no permite que los delincuentes pongan a la gente a la defensiva. En Lima si alguien interviene en defensa de una persona asaltada o agredida, corre peligro de muerte; el ladrón deja de robar y ataca con cuchillo, pistola o piedra y hiere o mata al que sale a defender. Para mencionar un ejemplo de entre miles, recordamos que hace poco una mujer que estaba de visita salió de la casa y gritó para impedir un robo; los ladrones se fueron pero amenazaron vengarse. No pasó ni media hora y reaparecieron arrojando piedras a la casa visitada por la mujer, y una de las piedras mató al hijo de la visitante. Al ser apresados los delincuentes dijeron que no tenían intención de matar a nadie, que no sabían que en el lugar estaba el niño. Los abogados han intervenido para que los rateros salgan pronto y sigan robando y matando con entera libertad. También nos hemos ocupado del feminicidio, que se realiza con facilidad porque el hombre amenaza a la mujer y a toda la familia (Feminicidio e indefensión de mujeres pobres) y mata a quien le da la gana cuando lo denuncian. Por supuesto que el hampa también amenaza y mata fiscales y jueces, que prefieren salvar su vida y la de su familia e imponen penas leves o absuelven a los delincuentes (que suelen premiar esto con buenas coimas). He aquí, pues, una fuente de más delitos: la facultad de amenazar y de cumplir la amenaza que los delincuentes ejercen de una manera más eficiente que la justicia. Es urgente que la ley tome en cuenta la amenaza —se cumpla o no— como un delito gravísimo; si la sociedad se hace respetar con leyes drásticas y acción ciudadana, será posible eliminar la arrogancia e impunidad de los delincuentes. Finalmente, señalamos que cuando una persona denuncia un delito, los datos personales (nombre, dirección, número de teléfono, etc.) que deja en el expediente policial quedan a disposición del abogado del delincuente y del delincuente mismo, que procede a amenazar de muerte para que retire la denuncia o dé marcha atrás y no insista con nuevas gestiones. Además, las compañías de teléfono normalmente le niegan a la policía información sobre el origen de las llamadas amenazantes o sobre la identidad del llamante (solamente acceden a esto si hay muerte, si la persona afectada tiene influencias o si el caso recibe continua e intensa publicidad). Por estas razones mucha gente prefiere no denunciar; esto debe corregirse manteniendo en reserva la información sobre la víctima denunciante y obligando a las empresas telefónicas a dar a la policía la información sobre llamadas amenazantes.
En seguida van ideas sobre los otros aspectos de la lucha contra la delincuencia.
3 Legislación. Cada que se produce un hecho grave, se oyen voces que piden cadena perpetua, pena de muerte, endurecimiento de las condenas, etc. A este respecto debemos mencionar que las penas existentes no son poca cosa. En esto hay dos problemas:
3.1 Beneficios penitenciarios. Son reducciones del tiempo de carcelería por “buena conducta”, lo que permite a peligrosos delincuentes salir pronto de la cárcel a seguir delinquiendo, lo cual es desalentador para la policía, que cumple bien su trabajo dedicando tiempo y esfuerzos para las capturas, que además se hacen con riesgo de la vida de los agentes del orden. Para castigar todo delito violento —desde el robo por cogoteo hasta el asesinato, pasando por el secuestro—, se debe necesariamente eliminar todos los beneficios penitenciarios.
3.2 Carcelería efectiva por delitos menores. La mentalidad de impunidad o de lenidad va echando raíz en la mente del antisocial desde el momento en que se inicia en la vida delictiva y ve que por robos de poca monta no va preso. Así, pasa años robando cómodamente sin ir a la cárcel, y va templando su ánimo para entrar a delitos mayores, cosa que invariablemente sucede. Esto se remedia estableciendo penas de cárcel efectiva por delitos menores, asegurándonos de que la reincidencia tenga por consecuencia un mayor tiempo de carcelería. En el juzgamiento desde los delitos leves hasta los más graves debe seguirse un principio de gradualidad y proporcionalidad.
3.3 Agilización de procesos. Todos los juzgados y salas de las ciudades grandes del país, tanto en lo civil como en lo penal, tienen una enorme sobrecarga, miles de casos por resolver en cada uno de ellos. No se trata solamente de que hay muchos delitos o juicios, sino que hay muy pocos jueces y fiscales. La situación es tan grave que se necesita por lo menos triplicar el número de juzgados y jueces. Es increíble comprobar que en algunas salas existen miles de expedientes en espera de sentencia.
4 Sistema carcelario. Las prisiones en el Perú tienen sobrepoblación, algunas reciben 4 ó 5 veces más presos que su capacidad original. A esto se suma el deterioro de los edificios y la deficiente administración.
4.1 Más cárceles. Solamente para alojar la población penal existente, se necesitaría quintuplicar la capacidad de las cárceles, y cuando se empiece a meter más gente a la cárcel, será peor; no habrá sitio para nadie. Es necesario, entonces, construir las cárceles necesarias, sabiendo que además de los gastos, hay que vencer resistencias. Hace pocos días, por ejemplo, un congresista puneño dijo que se oponía a la construcción de cárceles en Puno, lo que demuestra que solo quiere ganar votos u opiniones favorables. La inseguridad es un problema que afecta a todo el país, y ninguna región, provincia o departamento puede negar su colaboración.
4.1.1 Qué cárceles. Si se construyen cárceles como las que hay ahora, se agravaría el problema, porque prácticamente todas están hechas para que los delincuentes “perfeccionen” sus habilidades y puedan dirigir sus delitos desde su encierro. Hoy por hoy el criminal sabe que si cae preso seguirá viéndose con sus compinches, coordinando delitos con los familiares que los visitan y organizando más delitos. Las cárceles y su funcionamiento deben tener las siguientes características, para que se conviertan en lugar poco deseable para los delincuentes: a) no menos de 30% de celdas individuales; b) locutorios con un vidrio grueso que separe al preso de su visitante, de manera que aunque estén cerca y viéndose las caras tengan que hablar mediante teléfono; c) funcionamiento con un sistema de rotación permanente de presos, que nunca estarán más de dos años en una prisión y pasarán luego a otras en puntos lejanos de su lugar de carcelería inicial, con el fin de que no tengan amistades duraderas y de evitar que su familia los visite*.
Costos. Muchas personas dirán “¡Cómo vamos a gastar tanto en cárceles, necesitamos gastar el dinero en cosas que ayuden al progreso del país!” Pero la verdad es que si deseamos corregir la situación, es necesario invertir mucho dinero. No se trata de que el delincuente sea malo o bueno; lo que importa es que por su peligrosidad es necesario encerrarlo. Los políticos, comunicadores y congresistas al servicio de toda clase de delitos han formado un férreo muro de defensa para proteger a los criminales; por eso la situación está tan deteriorada.
También debemos tener en cuenta que en estas reformas intervienen abogados, actuando como tales o como congresistas. Lamentablemente, por una deformación profesional, la mayoría de los abogados interpreta le realidad social favoreciendo siempre al delincuente, dejando en toda ley o código espacios o márgenes de interpretación que finalmente favorecen a quienes quebrantan la ley. Por eso es necesario impedir que las cosas se hagan como quieren los abogados al servicio del hampa; los abogados y legisladores deben interpretar lo que quieren los ciudadanos y preparar las leyes y códigos que necesita el pueblo; estos profesionales ya han actuado mucho tiempo a favor de la delincuencia, y es urgente que ahora enmienden su conducta.
Debemos saber quiénes son y de dónde salen los delincuentes. Por la deficiencia de nuestro aparato productivo y nuestra estructura social, las cosas, para que el "modelo" o "sistema" imperante perdure y sea exitoso y competitivo, funcionan de la siguiente manera. Se mantiene a millones de personas en la pobreza y con la autoestima muy baja, para que el temor de vivir en la miseria absoluta o el temor de contraer tuberculosis o cualquier otra enfermedad grave las haga aceptar cualquier trabajo, por muy baja que sea la paga. Sucede que como hay muy pocos puestos de trabajo, existen cientos de miles de peruanos sin empleo, que nunca lo han conseguido o que se han cansado de ganar una miseria. De este segmento de la población salen los delincuentes, seres que ya no creen en nada, ni en el cuento de que la riqueza va a chorrear o el cuento de que el Perú es “líder” en exportaciones y envidia de otros países. Entonces está claro que la delincuencia avasallante se origina en la desigualdad, y remediar eso cuesta; la desigualdad social cuesta, la inequidad cuesta.
Invitamos a quienes se oponen al rigor hacia los delincuentes a meditar sobre si prefieren que esos individuos estén sueltos o encerrados, De eso se trata, no de leyendas como que se debe rehabilitar o reeducar al delincuente; debemos entender que en el Perú es muy poca la diferencia entre el sociópata y el psicópata. Dejemos para los teóricos y palabreadores la discusión de si el delincuente nace o se hace, la polémica de si se debe tratar o no con rigor al criminal; porque discusiones y polémicas de ese tipo han inhibido la acción decisiva de la sociedad, la han paralizado, y por eso estamos viviendo este clima de permanente miedo y zozobra. Ya es tiempo de ocuparse de defender al ciudadano honrado, tiempo de crear un ambiente de tranquilidad en que la gente no tema salir de sus casas, en que el negociante o trabajador, el padre o la madre de familia no tenga miedo de que en cualquier momento lo maten o le roben. Basta de defender al delincuente e ignorar al ciudadano honrado y trabajador.
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* La publicidad debe hacer entender que una vez que una persona está presa, ya se cortan los nexos familiares y de amistades, que darán por perdido al preso.
