Peruanidad
Jorge Secada Koechlin
Diario 16, el sábado 14 de abril de 2012
Somos un país legendariamente abundante. Nuestra riqueza es geográfica y ecológica, mineral y agrícola, gastronómica, histórica y lingüística. Este patrimonio, reconocido proverbialmente, es motivo de justificado orgullo nacional. Sin embargo, no lo asumimos plenamente. Nos es difícil aceptar las obligaciones y deberes, las tareas que este caudal nos impone. Nuestra constitución reconoce y respeta nuestras muchas y muy diversas culturas.Respetar nuestras culturas amazónicas es asegurar que sean esos mismos pueblos quienes decidan su propia historia, que así hacemos nuestra. Eso supone garantizar que toda medida que afecte su identidad esté supeditada a la resolución mutuamente satisfactoria de un diálogo libre.
Sin embargo, la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas no es vinculante; si no se llega a un acuerdo, la ley dice que el Estado no está obligado a tomar en cuenta la voluntad de los consultados. Se trata solamente del derecho a ser consultados, nada más. Se argumenta a favor de este aspecto de la ley sosteniendo que el Estado no debe someterse a la voluntad de una minoría.
El Estado representa los intereses de todos los peruanos y debe actuar beneficiando a las mayorías. Cuando un proyecto contribuye al desarrollo nacional, el Estado debe garantizar que se proteja el medio ambiente, se compense adecuadamente a los afectados, y se tomen las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de todos los peruanos, pero según la ley no está obligado por los deseos de un grupo minoritario. Se trata de beneficiar a las mayorías evitando injusticias. No se pueden afectar derechos inalienables, y se debe compensar adecuadamente a los que puedan verse afectados. Más allá de eso, no hay obligación.
Detengámonos aquí. Nuestras deliberaciones no son simples cálculos de costos y beneficios. Hay costos prohibidos, por más que los beneficios sean muchísimo mayores. A eso aludimos al mencionar derechos inalienables. No podemos torturar y ejecutar a niños inocentes por más que estén en juego beneficios considerables.
Este tema requeriría analizar varios asuntos complejos que tienen que ver con la naturaleza misma de los actos humanos, con la relación entre una acción y sus consecuencias, y con el peso de las consecuencias para su moralidad. Felizmente aquí no necesitamos abordar nada de esto. Nos basta con señalar que aceptamos que existen derechos que fijan límites a lo permisible. Esto lo reconocen nuestras leyes, nuestra Constitución y el sentido común.
Subrayemos el punto. Cuando uno no está obligado, cuando se trata de adoptar un curso de acción libremente, uno no puede justificar una mala acción simplemente porque traerá buenas consecuencias. Por supuesto que hay casos y casos. No toda mala acción está prohibida de manera absoluta: una cosa es romper una promesa o causar un daño económico, otra matar a un inocente o dejar a un niño sin brazos ni piernas. Cuando se trata de una acción absolutamente prohibida, la obtención de bienes consecuenciales no puede justificarla.
El asunto crucial entonces es cómo entender el derecho a la identidad cultural de nuestros pueblos amazónicos. En contribuciones pasadas he argumentado que la identidad cultural es un aspecto central de la humanidad de las personas, que los ciudadanos no son átomos individuales sino personas constituidas socialmente. Respetar la identidad es respetar a la persona. Es una obligación absoluta; no se trata de una opción.
Un pueblo libre es agente de su propia historia; un Perú libre es un Perú integrado por culturas libres. Dadas las desigualdades de poder, históricas y actuales, es deber de nuestro Estado asegurar que las comunidades nativas puedan deliberar con real autonomía y decidir ellos mismos cómo quieren enfrentar las transformaciones inevitables que se les imponen. El costo que esto nos impone es relativamente insignificante.
Cuando se argumenta que el "interés nacional" (por ejemplo, los beneficios que se obtendrían de una concesión minera o de una hidroeléctrica) está por sobre los intereses de un grupo étnico se están confundiendo las cosas: lo que en verdad se está afirmando es que podemos disponer de personas en aras de un beneficio económico.
Si está en juego la identidad misma de las personas, el respeto debido es absoluto y equivalente al respeto a sus vidas.
Los liberales que insisten en sentido contrario deberían considerar lo siguiente: qué réditos económicos justificarían obligarlos a ellos a abandonar sus casas y su lengua, irse a vivir a las punas (donde por ahora escasean liberales), y renunciar al poder de decisión sobre la educación de sus hijos. Algo similar es lo que hemos venido imponiéndole a nuestros pueblos amazónicos.
Esa, precisamente, es la otra cara de este asunto. Nuestras relaciones con los pueblos amazónicos, las relaciones del Estado peruano, de la sociedad nacional y las culturas europeas y occidentales con ellos, han sido moralmente aberrantes y monstruosas.
Refresquemos nuestras memorias colectivas leyendo sobre el caucho en la última novela de nuestro premio Nobel. Indaguemos en nuestras consciencias reflexionando sobre el sentido del término "chuncho".
El genocidio asháninka en manos de Sendero Luminoso ejemplifica, de manera extrema, la incapacidad del marxismo de respetar la identidad cultural de nuestros pueblos amazónicos.
Esta misma incapacidad despliegan los individualistas liberales que aplauden una Ley de Consulta Previa no vinculante.
Ambos manifiestan falta de respeto y actitud de superioridad. Lo hacen cuando hablan del sentido de la historia, de progreso y desarrollo, de modernidad y civilización, como si la imposición de la propia voluntad fuese obviamente deseable frente a la ignorancia y el atraso de nuestros interlocutores.
La historia de nuestras relaciones con nuestros pueblos amazónicos exige vergüenza y humildad: es expresión de barbarie y perversidad, no de civilidad.
Los colonos penetran hoy sin ninguna consideración el mundo de los pueblos amazónicos. Las comunidades nativas de nuestra Amazonía tienen razón en desconfiar del Estado peruano y de la sociedad nacional. El Estado no puede pedirles que confíen en su buena fe. Hacer explícito en la ley que toda acción del Estado que tenga efectos sobre su identidad cultural debe estar supeditada a una resolución mutuamente aceptable del diálogo, no es sino dejar en claro que, finalmente, hay voluntad real de respeto.
El diálogo bien llevado, asegurando que todas las partes tengan acceso a la información relevante y al asesoramiento profesional requerido contribuirá a que tengamos un mejor país. Los conflictos realmente irresolubles no son tantos como se supone. Los casos en que un grupo étnico ha detenido algún… son ejemplos de relaciones desiguales, donde una parte ha tenido todo el poder y lo ha usado para imponer su voluntad atropellando. Las víctimas recurren al conflicto social y la cuota de poder que la sociedad les permite, llevados por el miedo y la desconfianza, para tratar de defenderse.
A todos nos conviene un diálogo informado y justo. A todos nos beneficiará. El derecho a la identidad de nuestros pueblos es un derecho de todos. El florecimiento autónomo de las múltiples identidades culturales del Perú nos enriquecerá, y no solo materialmente, sino ofreciéndonos la posibilidad de una patria justa y auténtica. Está en nuestras manos dejar atrás para siempre este país dividido y desigual, y dar pasos efectivos para construir una sociedad que sea motivo de orgullo pleno y sin matices.
¿Qué futuro imaginamos? ¿La copia mediocre de una modernidad extranjera que proponen los liberales? ¿O un Perú genuinamente plural, único en su abundancia humana y cultural, dueño y artífice de su propia historia?
Que no sea la alienación y la falta de imaginación de nuestros políticos y empresarios las que determinen nuestra peruanidad, sino la riqueza de nuestros pueblos, libres al fin para diseñar sus propios destinos.
Esa es la propuesta de una izquierda humanista y nacional.
