Vivos o Muertos
Jans Erik Cavero Cárdenas; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Con gran preocupación hemos escuchado las declaraciones de Alberto Otárola, Ministro de Defensa, y del Premier Óscar Valdez, a raíz de los luctuosos sucesos acontecidos en Kepashiato y Kiteni. “Vivos o muertos los vamos a capturar” han expresado estos servidores del Gobierno, sin advertir que el objetivo perseguido podría desencadenar consecuencias irremediables, peor aún cuando no se vislumbran eficaces políticas públicas antiterroristas.
Lo primero que está en juego son los derechos humanos de quienes nada tienen que ver en el conflicto armado Estado versus Terrorismo. Si el Estado cree que la mejor estrategia de lucha contra subversiva es el enfrentamiento bélico puro y duro, sin planificación, sin inteligencia, sin táctica operativa, etc., cuidado, pues está en riesgo la vida de muchos inocentes que habitan en el VRAE. Hace 2 días, una campesina de Sanabamba fue trasladada al Hospital de Huanta, herida por los bombardeos de aviones que están sobrevolando la zona.
Mientras los “expertos” pierden el tiempo teorizando sobre lo que hay en el VRAE, “terroristas”, “narcotraficantes”, “narcoterroristas”, “remanentes”, no hay semana en el que no se reporte la caída de un efectivo policial o militar en el VRAE. Qué importan las definiciones o conceptos cuando todos estos sujetos están al margen de la ley y por tanto deben ser encarados con políticas públicas efectivas y sanciones ejemplares. ¿Algún vicealmirante conoce, más allá de las noticias, la realidad del VRAE?, ¿algún coronel o general de las FFAA conduce las operaciones en esta zona?
Para el Ejecutivo el tema es muy simple: Si el VRAE es un problema político militar, entonces la fuerza bruta es la mejor herramienta para garantizar la paz. Si, por el contrario, es un problema social, hay que inyectar más presupuesto porque el dinero lo puede todo; si el problema es económico, hay que erradicar forzosamente la hoja de coca para incentivar la sustitución de cultivos. Esta visión hizo que Fujimori, Toledo y García, fracasen rotundamente al abordar la problemática del valle.
La Militarización del VRAE es la peor estrategia del Gobierno actual y de los gobiernos predecesores. El VRAE es mucho más complejo de lo que creen los analistas que -atribuyéndose ínfulas de “expertos”- se pasean por los medios de comunicación pretendiendo dar cátedra sobre políticas antisubversivas. Si el gobierno, premunido de una filosofía puramente militarista, utiliza la pólvora como medio de solución de este conflicto complejo, podría ser derrotado en el campo de batalla. No sirve, por tanto, triunfalismos apresurados cuando no se ha ganado nada.
Respecto al diagnóstico segundo, al Gobierno del APRA no se le ocurrió mayor genialidad que inventar el “Plan VRAE”, plan que sólo existe en la imaginación de Alan García y que no es sino un conjunto de partidas presupuestales que diferentes pliegos destinan para la ejecución de programas y proyectos con escasa planificación. El famoso Grupo Multisectorial del VRAE, dirigido por Fernán Valer durante la gestión anterior, y que hoy jefatura Rojas Merino, no sirve. No es unidad ejecutora, ni planificadora, menos aún evaluadora de políticas; es únicamente una planilla.
En el mismo sentido, los Comisionados por la Paz –como entidades del Estado– son infuncionales, razón por la que al igual que la Secretaría Ejecutiva del Grupo Multisectorial del VRAE, y el 80% de gobernaciones, deberían ser desactivados. Al mismo tiempo, deberían revisarse ENACO y DEVIDA. Sobre la primera, casi nadie la conoce, salvo los campesinos productores de hoja de coca que están empadronados y algunos entendidos en la materia. Sobre DEVIDA, hay que definir si su adscripción será a la PCM o a la Embajada de Estados Unidos, pues aún cuando se trata de una entidad pública del Perú, las políticas de intervención parecen ser direccionadas por USA. En todo caso, amerita una reingeniería de su estructura organizativa y una decisión sobre su autonomía funcional. Si va a seguir como apéndice de la PCM, sujeta a presiones políticas irrazonables, su existencia no tiene razón de ser.
¿Qué hacer? Lo fundamental es que el VRAE, margen izquierda, tenga acceso a agua potable y alcantarillado. Resulta inaceptable que los distritos de esta zona consuman agua entubada. Perú LNG tiene un campamento de lujo en Anco, pero fuera de él se evidencia pobreza extrema. Lucro sí, a costa del gas, nada en responsabilidad social, incluso con contratos de servidumbre de paso para el transporte del gas por los que paga a las comunidades cifras irrisorias. ¿Y el Programa Agua para Todos? Para todos los distritos de la costa y la sierra urbana, pero no para la selva y sierra rural.
En cuanto a energía eléctrica es necesario jubilar al Director de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas. Su edad avanzada y falta de compromiso con las zonas más pobres exigen el concurso de profesionales competentes. Finalmente, tenemos el déficit de infraestructura vial. Al Ministerio de Transportes no le importa que el Cusco, Ayacucho, Junín y Huancavelica estén desconectados, por eso no hay asfalto sino solo mantenimiento periódico de carreteras. La iniciativa del Congresista Walter Acha, de asfaltar la margen izquierda del valle es un gran avance, pero al parecer el proyecto de ley no le importa ni al Parlamento ni al Ejecutivo.
