“El Comercio” se equivoca
Por Carlos Ferrero
En su editorial del 16 de abril pasado, “El Comercio” pide que las comunidades sean dueñas no sólo del suelo que pisan, sino también del subsuelo y de sus recursos naturales.
Es una propuesta que se basa en la naturaleza de los bienes de la tierra. Hay quienes sostienen que los servicios privados sirven mejor a la sociedad y por lo tanto se deben evitar los bienes de carácter público, de tal manera que, por ejemplo, los comuneros puedan volverse “inmediatamente millonarios” vendiendo el subsuelo y sus recursos a las empresas mineras.
Esta idea contradice la doctrina social de la Iglesia, que preconiza, como principio irrenunciable, el destino universal de los bienes. También contradice los artículos 54 y 62 de nuestra Constitución, pero sobre todo corroe el sentido de solidaridad que tienen los bienes públicos o del Estado de unificar a la colectividad democrática. Cuando se privatiza el agua, la calle, los bosques o el subsuelo, el ciudadano es desprendido del eje que lo adhiere al conjunto social, diluyéndose con ello la sensación de pertenencia que sustenta la vida en común.
Pensar que sólo la propiedad privada del subsuelo evitará conflictos sociales y dejará satisfechas a las comunidades (que hasta hoy practican al ayni y la minka) es impone el desprestigiado modelo de llamado capitalismo salvaje. Más aún, si, como dice “El Comercio”, la propuesta beneficiaría a l 5.4% de la población, lo que significa que el 94.6% restante, o sea la gran mayoría, seríamos despojados de un bien público y nos quedaría “la yuca” o, como ellos dicen, “el hueso”. Si el Estado regala el subsuelo y sus recursos a las comunidades, estas devendrían en dueñas exclusivas de minifundios subterráneos, dejando a los inversionistas encadenados al capricho de esas minorías que tomarían para sí lo que como bienes públicos nos pertenece a todos.
La discusión entre lo privado y lo público es de larga data. Pero sorprende que un diario tan importante como “El Comercio” postule una “solución” que, por su extremismo, resulta inconveniente y fuera de la realidad. La propiedad pública y la privada pueden subsistir en paralelo dentro de un mismo espacio o territorio pero guardando el equilibrio que manda el bien común.
Publicado en Hildebrandt en sus Trece, 11.05.2012.
