por Guillermo Olivera Díaz; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
En esta Nota se trata de las altisonantes desventuras procesales del alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz, primero con arbitraria detención preventiva y luego liberado como consecuencia de su inmediata apelación.
¿Sabe usted, amable lector, de qué tema procesal penal estoy hablando cuando me refiero a un nuevo juez penal que verá otra vez el caso del citado alcalde?
Le confieso que yo mismo estoy estupefacto, anonadado y alarmado pese a mis 42 años de abogado, dedicado al cultivo del campo penal, por el repentino traslado judicial del alcalde de la Región del Cusco a la de Ica, aunque haya sido en helicóptero.
Resulta que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica, al disponer la libertad del detenido Mollohuanca, anuló la resolución del juez Miguel Díaz Chirinos que ordenaba la detención preventiva, y excluyó o apartó del conocimiento del caso a dicho juez. Este señor magistrado nunca más regresará a encargarse de este asunto, pues tal es el efecto procesal de esta exclusión.
Al propio tiempo ordenó la Sala de marras que "otro juez" realizara la audiencia pública donde se ventile la petición de detención preventiva hecha por el fiscal a cargo de la Investigación Preparatoria contra el citado alcalde. Teóricamente este nuevo juez podría ordenar, de nuevo, la cuestionada detención.
También dispuso que ese "nuevo juez" sea designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que preside César San Martín Castro, a su vez Presidente de la Corte Suprema, quien el mismo día del pedido escrito y reservado del ministro del Interior, Wilver Calle Girón (el que firmó la Carta de Sujeción a Montesinos y Fujimori el 14-03-1999) expidió la Resolución Administrativa N" 096-2012-CEPJ de 31-05-2012, que trasladaba los casos penales del Cusco (léase litigios de Espinar) a que sean tratados en Ica, y los asuntos de Cajamarca (léase Conga) a la Corte de Lambayeque. Los detenidos correrían el mismo infortunio, como Mollohuanca, por ejemplo.
En consecuencia, la actual suerte del alcalde de Espinar está en Lima, en manos de San Martín Castro, quien preside, orienta, gobierna y les enseña derecho –a veces tergiversado- a los miembros del CEPJ. ¡Quizá más tarde la de Gregorio Santos!
¡Nadie ha dicho una palabra sobre este espinoso respecto: que San Martín decida qué juez de su entorno o con qué perfil encarcele o libere a los que se oponen al gobierno del converso presidente Humala, que orondo dirá "yo no fui"!
¿Al diantre así la institución del juez natural que la Constitución Política reconoce, en su numeral 139°, inciso 3 y que leyes menores también consagran?
