Herbert Mujica Rojas
El 16 de mayo, la señora Chaska Mori notició, tal como consta en la carta que reproducimos al alcalde de Lurín, Jorge Marticorena Cuba, lo siguiente:
“Quiero informarle por lo tanto que el día 9 de mayo de 2012, el señor Juan Loyola Angulo, ingresó con violencia a mi predio, derribando la pared de mi vivienda, utilizando un cargador frontal, amenazando a mi guardián y destruyendo mi módulo que se encontraba en el interior con mis enseres y objetos personales. El señor Loyola Angulo ha sido denunciado por usurpación agravada ante la fiscalía y robo.
He tomado conocimiento con sorpresa que la Sra. Orfa Soledad Loyola de la Cruz, que el denunciado dice que es su tía, parece como inscrita en mi predio en los registros de la Municipalidad.
Por todo ello, pido a usted ordenar a quien corresponda, la suspensión y paralización de cualquier autorización de licencia de construcción, constancia de posesió u otros trámites ante la Municipalidad relacionados con el predio.
Así mismo, solicito la investigación en relación a la forma y circunstancias en que la Sra. Orfa Soledad Loyola de la Cruz ha ingresado en la Municipalidad sus datos como contribuyente de mi predio”.
Hasta aquí los datos esenciales de la enérgica carta de la señora Chaska Mori y de la que se desprenden hechos asombrosos:
-La tía del invasor, Orfa Soledad Loyola de la Cruz, pariente cercanísima de Juan Loyola Angulo, está inscrita en el predio de Chaska Mori ante la Municipalidad de Lurín. ¿Cómo así que hay inscripción sobre inscripción? Esto de por sí configura una seria irregularidad: ¿hay modos no muy claros, por decir lo menos, de anotarse como propietario en los registros de la Municipalidad de Lurín? Esto es algo que tiene que aclarar, y así se lo han pedido, el alcalde de ese distrito, Jorge Marticorena Cuba.
-Para inscribirse hay que presentar documentos y estos tienen que poseer la legitimidad suficiente y probada exigida por la ley. Si no es así, entonces estamos ante el claro ejercicio de fraudes y pandillas dedicadas al tráfico de propiedades, la enajenación de los mismos con apariencia legal pero definitivamente tramposas.
Son tres los caminos empleados en su reclamo legítimo por la propietaria Chaska Mori: ante la fiscalía, la Comisaría y la Municipalidad. Todo hace suponer que en un país con apego a las leyes, los usurpadores de cualquier patrimonio debieran ser rápidamente castigados por su felonía y de acuerdo a lo que preceptúa el Código Penal.
Bien cabe la pregunta y estamos averiguando sobre estos acápites: ¿qué ha hecho la fiscalía, la Comisaría y la Municipalidad de Lurín?
