por Desco
El mensaje a la Nación del 28 de julio pasado fue sorprendentemente largo y lleno de detalles. Su protagonista –que no cuenta entre sus dones la facilidad de palabra o el entusiasmo en la lectura- repasó tediosamente la gestión sectorial del Ejecutivo y concluyó, tras cerca de dos horas, con un colofón que invitaba al gobierno central, los gobiernos regionales y locales, la empresa y la sociedad civil, a trabajar juntos para “la gobernabilidad y la paz social”. Carente de un eje articulador, sin prioridades claras a comunicarle al país, plagado del anuncio de nuevos programas sociales y lleno de cifras, el discurso no transmitió ninguna imagen precisa de la voluntad gubernamental, menos aún del destino del país.
En su falta de orden, se perdieron algunos anuncios importantes. El compromiso al 2016 de reducir la pobreza total al 15% de la población, la ley de carrera docente, la reforma constitucional para establecer el derecho al agua o la advertida reforma del SNIP fueron apenas titulares, teniendo en cuenta su innegable interés y el debate que alimentarán en breve. También fueron evidentes algunas ausencias particularmente graves, como la situación peruana frente a la crisis internacional. El silencio alrededor del tema sugiere que el Ministerio de Economía mantiene al Presidente en la tesis del supuesto “blindaje” que nos protege. Más aún, expresa el manejo automático de la economía, que se traduce en nuestra dependencia plena de la demanda externa. El discurso tampoco adelantó nada concreto sobre la llamada nueva minería, más allá de la retórica de que ésta deberá ser sostenible y ambiental y socialmente respetuosa y del impreciso anuncio de iniciativas normativas a partir de la propuesta de la Comisión creada por el Ejecutivo para tal fin.
A pesar de la naturaleza y la extensión de la intervención presidencial, el término descentralización no fue usado en ningún momento. La única reforma estrucutural iniciada por el país el siglo XXI se redujo a unas cuantas menciones instrumentales a los gobiernos regionales –su concurso en la masificación del gas natural en las zonas altoandinas o la transferencia de recursos para construir escuelas- asumiendo, aparentemente, que la descentralización se reduce a los Consejos de Ministros Descentralizados y a reuniones puntuales con presidentes regionales y alcaldes.
Los anuncios de reforma del SNIP y la creación de una Dirección General de Diálogo en reemplazo de la Unidad de Conflictos fueron gotas de agua en el desierto, la excepción en un discurso que muestra a un Ejecutivo carente de reacción ante los temas que le aprietan el paso, entre ellos el narcotráfico, los remanentes de Sendero Luminoso o los conflictos vinculados a la minería. Respecto a ello, no fueron recordados por el Mandatario los civiles fallecidos en el marco de las protestas sociales ni los policiales y militares caídos en los enfrentamientos del VRAEM el último año. Para peor, el anuncio de una nueva licitación para el Gasoducto del Sur niega el compromiso presidencial de iniciar la construcción del ducto con un crédito puente del Estado a Petroperú-Kuntur, postergando una vez más un proyecto largamente demandado y poniendo en cuestión la viabilidad del polo petroquímico en esa zona del país.
La ausencia de autocrítica en el Mensaje no llama para nada la atención. Cierto que un año es poco tiempo para revertir los problemas centrales del país, pero es sin duda tiempo suficiente para tenerlos claros, establecer prioridades y definir las políticas públicas y los instrumentos para atenderlos. A juzgar por el discurso, el gobierno no lo ha aprovechado.
