Aldo Mariátegui
¡Alucino en colores este operativo "Limpiemos a Susana" que la rojicaviarada está implementando! ¡Resulta ahora que Villarán ha "demostrado firmeza" y que además ha ejecutado "un operativo impecable"! ¡Es más, resulta que ahora todos los que apoyan la revocatoria no solo son "mafiosos" (después chillan como Sinesio y Beto Adrianzén cuando con ellos se usan epítetos mucho menos duros), sino que han coordinado con el lumpen para que la asonada coincida con el "operativo debacle" (versión Lévano de ayer)! ¡Jua,jua,jua! No queda más que carcajearse, pues con estos caraduras ya no vale la pena ni indignarse ante tanta hipocresía, conchudez y doble rasero.
Ya me imagino cómo hubieran salido a destazar gente si a un alcalde derechista, solidario, aprista o fujimorista se le hubiera ocurrido mover del sábado por la noche al jueves por la tarde ese operativo solo para "tapar" la noticia de la revocatoria y encima hubiera tenido el cuajo de teledirigirlo desde Nueva York -lo siento, pero tengo tremendas sospechas de que se mandó mudar a EE.UU. para evitar estar aquí el día de la luz verde al proceso revocador. En política no hay casualidades de este tipo-, pretendiendo manejar sus dos más delicadas y simultáneas pruebas políticas desde Times Square, Central Park o Broadway (bueno, por lo menos no lo hizo desde la huachafa Miami. Hay que reconocer que estos caviares son finos).
No le dio la gana de mudar La Parada a Santa Anita apenas asumió solo por darle la contra a Castañeda. Arguyó que faltaban dos pabellones y tras dos años cambió de opinión, diciendo que ya no eran necesarios, por lo que la mudanza sí procedía. Miren lo que costó esa dilación.
Es que Villarán y la izquierda cosecharon ese día lo que han venido sembrando en el país desde hace 10 años: la demolición de todo principio de autoridad y de uso legítimo de la fuerza por parte de nuestros uniformados. Con eso de impedir "criminalizar la protesta", de evitar el "costo social", de abrir procesos interminables a las fuerzas del orden con sus ONG y de masacrarlos mediáticamente cuando imponen su autoridad, lo que han generado es que tengamos una Policía y un Ejército castrados, a los que nadie respeta. Y que por eso revienten asonadas a tan solo 30 cuadras de Palacio, como esta del otro día que ha estado a punto de generar un nuevo 5 de febrero, pero en una violenta Lima muy distante de la casi bucólica de 1974.
La izquierda vivió su "Baguazo" en La Victoria y no venga ahora a pedir que se le juzgue con misericordia, que no hay sector más implacable para medir a los demás que esta. Aquí deberían renunciar el gerente de Seguridad Ciudadana, Gabriel Prado, por adelantar el operativo, y el ministro Pedraza junto al jefe de la PNP limeña por no haberles dicho "no" cuando lo solicitó. Cuatro muertos, muchos heridos, abundantes destrozos materiales, saqueos, esa mella en la imagen policial y esas imágenes de salvajismo que recorrieron el mundo exigen ese precio mínimo. Es que no hay punto de comparación entre los exitosos desalojos de Andrade (Mercado Central, Polvos Azules) o de Castañeda (Las Malvinas, Santa Anita) y este desastre de la semana pasada.
Si este es un país algo normal, Villarán solita se ha revocado. Ya tiene casi dos años, ya está a la mitad de su mandato y no tiene nada de nada que mostrarnos, más que promesas palabreras, esta debacle y el papelón de La Herradura.
Para cerrar, reproduzco un extracto de una pasada columna ("¿Qué sabe la TV de conflictos sociales?"-2007) de la rojita oenegera Rocío Silva Santisteban para que aprecien cómo la izquierda opinó sobre el desalojo de Santa Anita y cómo ahora dicen todo lo contrario para defender a Villarán.
"Pero la vida es más dura que la ley, desgraciadamente. Los agazapados en los inmensos terrenos de Santa Anita son, en primer lugar, estafados, y si permanecen ahí, no es porque ejerzan la delincuencia y quieran matar a sus hijos, sino porque el Estado pretende primero resolver el problema jurídico y luego apagar el incendio social con un desalojo de miles de policías y, esperamos, pocos muertos". Correo, 29.10.2012.
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