Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado día 5 la directora de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) advirtió algo muy preocupante: “todos nuestros ríos están contaminados por pasivos ambientales mineros”. Según el último inventario oficial del Ministerio de Energía y Minas (MEM) —anexo de RM 096-2010 MEM/DM (26 febrero 2010)— existen 5,551 pasivos mineros (7,000 según otros cálculos) que afectan a 21 de los 25 departamentos del Perú, principalmente a Ancash (más de mil pasivos y 130 de ellos en el Parque Nacional Huascarán, entre su núcleo y zona de amortiguamiento), a Cajamarca (en el distrito de Hualgayoc hace 20 años hay 1,200 pasivos de oro y cobre abandonados), a Huancavelica (más de mil pasivos, muchos de ellos cerca a centros poblados y colegios) , a Puno (cerca de mil) y a Lima (unos 300).
Estos pasivos mineros generados durante décadas por antiguas mineras cerradas y abandonadas son restos o depósitos de residuos como relaveras, bocaminas, desmontes, escorias, tajos y productos químicos, que durante períodos de lluvias, cuando drenan los ácidos, contaminan cabeceras de cuencas, ríos, lagos y lagunas y suelos, afectando seriamente la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.
La Ley 28271 (julio 2004) “Ley que regula los pasivos ambientales mineros”, su Reglamento promulgado con DS 059-2005-EM (diciembre 2005) y su modificación con DS 003-2009-EM (enero 2009), dispone que el MEM, a través de la Dirección General de Minería (DGM), debe elaborar y actualizar el inventario de pasivos e identificar a los responsables de su abandono aplicando las sanciones correspondientes, debiendo el Estado asumir la tarea de remediación de las áreas impactadas en caso de que no se logre dicha identificación.
Bajo este panorama poco o nada se ha avanzado en remediar y eliminar los 5,551 pasivos mineros existentes en el país, solo han sido identificados los responsables de 968 pasivos (17.4%) y se desconoce si el gobierno ha exigido remediarlos o si está esforzándose en detectar el resto de responsables; además, increíblemente solo se han efectuado 747 estudios ambientales (13.4%) del total de pasivos.
Considerando que los recursos que genera la minería son claves para nuestro país y que estos miles de pasivos son caldo de cultivo para la conflictividad, le corresponde al gobierno solucionar esta grave problemática clasificándolos, categorizándolos en sus niveles de riesgos, priorizando las propuestas de remediación y asignando los recursos necesarios —se requieren unos US$ 1,000 millones— para eliminar esta grave amenaza para la salud humana y el medio ambiente.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de noviembre de 2012
