Por Alfredo Palacios Dongo
La organización Transparencia Internacional (TI) presentó el pasado día 5, en Berlín, Alemania, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2012, el cual mide los niveles de percepción de la corrupción administrativa y política del sector público de 172 países del mundo (comisiones y actividades ilegales, malversación de fondos públicos, coimas, peculado, colusión, soborno de funcionarios, favoritismo, nepotismo, conflicto de intereses), además evalúa la percepción del esfuerzo y eficacia de los países en sus acciones anticorrupción. El IPC es publicado anualmente —desde 1995 incluyendo al Perú desde 1998— usando una combinación de encuestas de instituciones empresariales de renombre mundial, de evaluaciones de instituciones internacionales e investigaciones cualitativas y cuantitativas.
En este informe de TI el Perú ocupó el puesto 83.° entre 172 países obteniendo un IPC de 38 puntos sobre 100 —en una escala de 100 puntos (muy transparente) a 0 puntos (muy corrupto)—. Por estar debajo del umbral de 50 puntos nuestro país presenta una muy alta percepción de problemas de corrupción. Pero lo más grave es que en los últimos 2 años hayamos caído 5 puestos, del 78.° —entre 178 países—, al 83.° —entre 172 países—, y en los últimos 10 años, un preocupante descenso de 38 puestos (del 45.° el 2002 al 83.° el 2012) con un IPC promedio de 36 puntos sobre 100.
El 3 de noviembre del año pasado la Procuraduría Anticorrupción advirtió sobre la existencia, sin solución, de más de 20,000 procesos por corrupción contra funcionarios públicos, y el 10 de noviembre de este año, la Contraloría General reveló que entre el 2009 y 2012 ha denunciado más de 45,000 casos de corrupción (de ellos, 35,000 de funcionarios del Estado), derivando 7,000 a la fiscalía y el Poder Judicial. Asimismo hace una semana el Contralor advirtió que tiene una larga lista de funcionarios públicos acusados por corrupción que hará pública a partir del próximo año.
Bajo este panorama, a pesar del sostenido crecimiento de nuestra economía, la corrupción, agravada por el narcotráfico, es uno de los principales problemas del país como mal endémico y enfermedad social, sin embargo, no se está enfrentando con real compromiso, ni contundencia, ni eficacia —el mismo gobierno no fijó una posición rígida por casos de personajes de su entorno (Omar Chehade y Alexis Humala)—. Este grave flagelo acentúa las desigualdades, crea desconfianza e incertidumbre para la inversión, debilita nuestra democracia, incita a la violencia y criminalidad y afecta gravemente la estabilidad y seguridad de nuestra sociedad.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de diciembre de 2012
